En un nuevo giro de la investigación por el secuestro de la diseñadora Diana Ospina en Bogotá, la Policía halló una pistola traumática Ekol de nueve milímetros oculta en el guardabarros trasero de un taxi con placas MSY303, conducido por Juan Pablo Gómez Cardozo, un joven de 20 años que permanece bajo escrutinio por su presunta vinculación con el delito. El registro vehicular se realizó en enero de 2025, meses después de la madrugada del 22 de enero, cuando Ospina fue interceptada y trasladada hacia Ciudad Montes, en el sur de la capital. El arma fue confiscada durante una inspección rutinaria, y el vehículo está registrado a nombre de un familiar de Gómez entre 2022 y 2024, lo que abre una línea de indagación sobre posibles nexos familiares en actividades ilícitas.
El secuestro de Ospina involucró retiros forzados por cerca de 40 millones de pesos, y previamente, el 14 de junio de 2024, la víctima había sufrido un asalto que ahora se analiza en conexión con estos eventos. Gómez acumula un historial penal con una condena de un año y ocho meses de prisión por hurto calificado, perpetrado utilizando un taxi similar. Su familiar enfrenta cuatro años y ocho meses de prisión domiciliaria por posesión de arma ilegal, luego de ser detenido en 2016 con otro vehículo de servicio público, placas VDX561, y otro pariente recibió una sentencia de un año y seis meses por hurto. Estas condenas refuerzan la hipótesis de una red criminal que emplea taxis como fachada para delitos, según fuentes de la Policía y la Fiscalía.
Antecedentes que complican la defensa de los implicados
El caso se complica con la participación de un segundo taxi perteneciente al mismo propietario, quien niega cualquier involucramiento y asegura que solo arrienda sus vehículos a terceros. Ospina relató en su denuncia una comunicación en clave por parte del taxista y la unión de dos personas provenientes de otro taxi, detalles que las autoridades contrastan con los registros vehiculares. Además, Gómez registra múltiples multas de tránsito por conducir sin revisión técnico-mecánica y por ingresar a áreas restringidas, lo que suma a su perfil de irregularidades. A pesar de estas evidencias, los familiares declaran su inocencia y atribuyen las condenas previas a errores aislados.
Las autoridades han intensificado las pruebas periciales y el análisis de registros para posibles nuevas capturas, en un esfuerzo por desmantelar esta presunta estructura delictiva que aprovecha el servicio de taxis en Bogotá. La Fiscalía avanza en la recolección de testimonios y evidencias forenses, mientras la opinión pública espera avances concretos en la resolución del secuestro que conmocionó a la ciudad.
