Un análisis revelado por el periódico El Colombiano expone que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han obtenido contratos estatales por más de 3.000 millones de pesos entre 2023 y el 30 de enero de 2026, fecha en que entrará en vigor la Ley de Garantías, posicionándose como los principales beneficiarios en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta práctica de adjudicaciones directas, que suma un total de 14 billones de pesos en contratos a familiares de ministros en diversas entidades públicas, ha sido calificada como un claro caso de nepotismo en la contratación estatal colombiana.
Entre los parientes directos e indirectos de Jaramillo figuran su cuñada María Clara Berrocal, quien recibió superiores a 390 millones de pesos; su sobrino Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, con más de 1.400 millones; el sobrino Sebastián Jaramillo Berrocal, contratado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el hijastro Sebastián Laverde Gómez, vinculado a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres); el hermano Omar Jaramillo Martínez, con contrato en la Contraloría General; el hijo Alejandro Jaramillo Gómez, designado como director de ProColombia en el Reino Unido; y la esposa Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud en la Superintendencia de Salud. Estas adjudicaciones se extendieron a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Empresa Férrea Regional y ProColombia Reino Unido.
Incremento en adjudicaciones directas bajo escrutinio
El periodo analizado muestra un notable aumento en los procesos de contratación directa en entidades clave del Estado, contrastando con las críticas que los mismos involucrados formularon en el pasado contra gobiernos de derecha por prácticas similares. La magnitud del fenómeno resalta cómo familiares de altos funcionarios han accedido a cargos directivos y contratos millonarios en un contexto de mayor opacidad en la gestión pública.
Esta revelación pone en jaque la transparencia prometida por el actual gobierno y cuestiona la aplicación efectiva de mecanismos de control en la contratación estatal, justo cuando se avecina la vigencia de la Ley de Garantías que busca limitar estas prácticas a partir de febrero de 2026. Autoridades y la opinión pública esperan respuestas claras del Ministerio de Salud y las entidades implicadas ante estas evidencias documentadas.
