La defensa de Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda de 76 años y detenido desde el 18 de diciembre de 2025 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, solicitó este viernes su libertad inmediata mediante un recurso de hábeas corpus. Los abogados argumentan que más de 68 días sin respuesta a la apelación presentada, junto con la falta de notificación del acta de reparto y el fallo de segunda instancia ordenados por la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, configuran dilaciones procesales que vulneran los derechos del exfuncionario.
Bonilla enfrenta una investigación de la Fiscalía por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las acusaciones señalan un direccionamiento de contratos por valor de 86.619 millones de pesos en la Ungrd e Invías, destinados a mitigar emergencias en lugares como Saravena en Arauca, Cotorra en Córdoba y El Salado en Carmen de Bolívar, Bolívar, con el fin de favorecer a congresistas y asegurar la aprobación de 17 notas de endeudamiento y otros proyectos gubernamentales entre mayo de 2023 y mediados de 2024.
Las acusaciones: contratos y aprobación de proyectos en el Congreso
Entre los congresistas implicados figuran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, mientras que otros involucrados incluyen a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Luis Fernando Velasco, exministro. La petición de libertad se centra ahora en las demoras judiciales, que la defensa califica como un obstáculo injustificado para resolver la situación de Bonilla.
“no se ha notificado a los suscritos apoderados ni el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”
Defensa de Ricardo Bonilla González
Este nuevo movimiento legal pone en el foco las irregularidades procesales en un caso que ha sacudido al gobierno, donde las demoras podrían influir en el curso de la investigación y las medidas cautelares contra el exministro, mientras la justicia evalúa si procede la libertad inmediata ante las vulneraciones alegadas.
