El gobierno de Gustavo Petro ha incluido un nuevo impuesto al patrimonio mediante el Decreto 173 de 2026, emitido en el marco del Estado de Emergencia Ecológica y Económica, lo que ha generado profunda preocupación en la Asociación Colombiana de Bolsas de Valores (Asobolsa) y entre expertos del sector financiero por sus posibles efectos negativos en el ahorro, la inversión y la economía nacional en general. La medida, que resulta retroactiva para transacciones realizadas entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, establece un gravamen general del 0,5% sobre patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.400 millones de pesos, y eleva la tasa al 1,6% para los sectores financiero y extractivo, además de una sobretasa al impuesto de renta que incrementa la carga tributaria de las empresas comisionistas de bolsa del 39% al 54%.
Esta disposición surge en un contexto de urgencia fiscal agravada por la emergencia climática y las inundaciones en Córdoba, durante la fase de reconstrucción del país, pero ha sido criticada por recaer directamente sobre la acumulación de activos y la reinversión de utilidades, generando riesgos de tributación múltiple sobre utilidades, dividendos, patrimonio societario y acciones de los accionistas. Asobolsa y analistas advierten que estas medidas erosionan la confianza inversionista y debilitan el mercado de capitales, afectando a las empresas comisionistas de bolsa y toda la cadena de inversiones productivas.
Voces del sector financiero alzan la alerta
Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa, ha sido una de las voces más críticas, subrayando que el impacto trasciende lo sectorial y afecta la transformación del ahorro en inversión. En un momento en que Colombia necesita empresas sólidas para sostener el empleo y la recuperación económica, esta medida reduce el músculo financiero y envía señales de incertidumbre, según expertos como Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting.
«cuando se envían señales fiscales que encarecen la actividad financiera y empresarial, se afecta el ahorro»
Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa
«Cuando se envían señales fiscales que encarecen la actividad financiera y empresarial, se afecta el ahorro, se desincentiva a los emisores y la capacidad del país de financiar proyectos productivos»
Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa
González Uribe enfatizó que no es simplemente un asunto sectorial, pues cuando se debilita el mecanismo que transforma ahorro en inversión, el impacto se extiende a toda la economía, y que la inversión responde a la rentabilidad esperada, pero aún más a la confianza, donde las señales fiscales importan decisivamente.
«No es simplemente un asunto sectorial. Cuando se debilita el mecanismo que transforma ahorro en inversión, el impacto se extiende a toda la economía»
Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa
«La inversión responde a la rentabilidad esperada, pero aún más a la confianza. Y en materia de capital, las señales importan»
Shenny González Uribe, presidenta de Asobolsa
Por su parte, Marín Elizalde alertó sobre los efectos estructurales de gravar un mismo flujo económico en distintos momentos y niveles, lo que no solo aumenta la carga fiscal efectiva, sino que modifica los incentivos para la inversión, reinversión y permanencia de capital en el país, además de comprometer la seguridad jurídica al cambiar reglas después de decisiones empresariales tomadas, lo que genera desconfianza y posibles litigios.
«en un momento en el que el país necesita empresas sólidas para sostener el empleo y apoyar la recuperación económica, esta medida reduce músculo financiero y envía una señal de incertidumbre»
Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting
«Cuando un mismo flujo económico es gravado en distintos momentos y en diferentes niveles, el efecto deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. No solo aumenta la carga fiscal efectiva, sino que modifica los incentivos de inversión, reinversión y permanencia de capital en el país»
Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting
«La seguridad jurídica es un pilar del sistema económico. Cambiar las reglas después de adoptadas las decisiones empresariales genera desconfianza y abre escenarios complejos de litigio»
Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting
Asobolsa insiste en la necesidad de evaluar cualquier reforma tributaria de manera integral para evitar desincentivos que comprometan la capacidad del país de acumular capital y financiar su desarrollo, en un escenario donde la confianza inversionista resulta clave para la estabilidad económica.
