En un contundente llamado internacional, los líderes del Movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, presentaron ante la Relatoría Especial Redesca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos, un exhaustivo informe de más de 80 páginas que denuncia la crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano. Calificada como un «genocidio silencioso», esta situación se atribuye directamente a decisiones políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con pruebas que incluyen incumplimientos reiterados a órdenes judiciales y un colapso financiero que amenaza la vida de millones de pacientes.
El documento, entregado en una audiencia reciente, detalla cómo la deuda del sistema de salud ha escalado de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026, dejando un patrimonio negativo de 15,8 billones. Se destacan más de 400 medicamentos sin abastecer, un aumento drástico frente a menos de 100 en 2022, el cierre de más de 40 hospitales y un incremento del 92% en tutelas relacionadas con la salud, donde el 37% se debe a demoras y el 32% a falta de medicamentos. Además, los incidentes de desacato han crecido un 144% en los últimos dos años, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) subieron un 41% de 1,2 millones en 2022 a 1,7 millones en 2025, y unos 12.000 profesionales de la salud han perdido empleos o reducido horas, con el 80% sin estabilidad laboral.
Impacto devastador en pacientes vulnerables
El informe pone rostro a la tragedia con casos como el de Kevin Arley Acosta Pico, quien falleció por falta de Emicizumab para su hemofilia, y Cecilia Quintero, una mujer de 70 años del Norte de Santander que murió en un dispensario por demoras en su atención. Millones están afectados: 5,5 millones con diabetes, 750.000 oncológicos, 190.000 con VIH, 150.000 en diálisis, 100.000 con enfermedades huérfanas y entre 25.000 y 30.000 trasplantados. Particularmente grave es la deuda UPC de 819.000 millones no transferidos, que genera un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la crisis de Nueva EPS que pone en riesgo tratamientos de alto costo.
«La deuda del sistema pasó de 13 billones a más de 32 billones, hay más de 400 medicamentos sin abastecer, han cerrado más de 40 hospitales y las tutelas en salud se han disparado un 92%. Los pacientes crónicos y los médicos están siendo sacrificados.»
Pacientes Colombia
Los líderes enfatizan que esta crisis no es técnica, sino política, con omisiones pese a recursos disponibles y órdenes judiciales. La vía interna está agotada tras el auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó un reajuste no cumplido, y la negación en agosto de 2025 de la declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales, respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Basados en el Protocolo de San Salvador, reclaman responsabilidad internacional del Estado.
«Esta crisis no es técnica, sino una decisión política que está costando vidas colombianas. Que el mundo lo sepa: en Colombia, el derecho a la salud se ha convertido en una lotería de supervivencia.»
Denis Silva, líder de Pacientes Colombia
Solicitudes urgentes a la CIDH
Entre las peticiones clave figuran medidas cautelares colectivas para pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas y de alto costo, así como una visita del relator especial a hospitales y cárceles para verificar la magnitud del colapso. El informe documenta una crisis inducida por el Gobierno nacional, donde interrupciones en tratamientos equivalen a sentencias de muerte, violando resoluciones como la 40/34 de la ONU.
«Acudimos al Sistema Interamericano porque la vía interna está agotada. (…) Lo que vive Colombia es una responsabilidad internacional del Estado por omisión: tiene los recursos y la orden judicial, pero ha decidido usar la salud como moneda de presión política. La CIDH debe actuar porque los pacientes colombianos ya no tienen a quién recurrir dentro de su propio país.»
Linda Castro, líder de Pacientes Colombia
«Para un paciente con una enfermedad rara o un trasplante, la interrupción del tratamiento no es un trámite administrativo, es una sentencia de muerte. Somos víctimas de un abuso de poder que la Resolución 40/34 de la ONU reconoce como violación de los derechos humanos. Venimos a la CIDH a decir que en Colombia se muere por omisión del Estado, no por la enfermedad.»
Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo
Esta presentación representa un grito de auxilio global ante un sistema de salud en ruinas, donde el derecho fundamental a la vida pende de decisiones políticas que, según los denunciantes, sacrifican a los más vulnerables en aras de agendas ideológicas.
