La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe que revela un grave deterioro de la seguridad en Colombia durante 2025, con la verificación de 53 masacres y 150 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. El documento, conocido inicialmente por Blu Radio, detalla las afectaciones a civiles, la reorganización y expansión de estas estructuras criminales en regiones como Catatumbo, el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta y Antioquia. Estas violaciones se deben principalmente a confrontaciones entre grupos armados, criminales y la fuerza pública, agravadas por disputas territoriales y el control de economías ilícitas.
Entre las cifras más alarmantes destacan los 150 casos verificados de reclutamiento de menores, de los cuales 30 niños y niñas perdieron la vida en contextos relacionados, especialmente en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander. Los grupos utilizan redes sociales y espacios comunitarios para captar a estos menores, con un enfoque particular en niñas rurales. Esta violencia ha interrumpido clases en escuelas de Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada, al ser estos lugares blancos para el reclutamiento.
Escalada de masacres y homicidios a defensores
El informe confirma 53 masacres a partir de 87 alegaciones, dejando un saldo de 174 víctimas fatales. Además, se verificaron 99 homicidios de defensores de derechos humanos, sobre 207 denuncias recibidas. Estas agresiones comprometen la labor de líderes sociales y evidencian la persistencia de violaciones graves pese a los procesos de «paz total».
Desplazamientos masivos y otras violaciones sistemáticas
El desplazamiento forzado aumentó un 85% en comparación con 2024, afectando a más de 89.000 personas solo en Catatumbo. Se reportan incrementos en confinamientos en Chocó, Cauca y Bolívar, junto con violencia de género que incluye violaciones sexuales, embarazos forzados y restricciones al acceso a salud reproductiva. Otros hechos incluyen ataques a la fuerza pública en Cauca y Valle del Cauca con muertes e heridos, así como desapariciones forzadas y detenciones ilegales en Buenaventura, Bajo Calima y Arauca. Todo esto impacta profundamente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, socavando los avances del Acuerdo de Paz.
La reorganización de los grupos armados ilegales representa una amenaza directa a la estabilidad del país, urgiendo acciones inmediatas para proteger a la niñez, líderes sociales y poblaciones vulnerables. Créditos: imágenes del Icbf; sección intermedia basada en Verdad Abierta.
