En un insólito episodio ocurrido el jueves 26 de febrero de 2026 en el cementerio San Miguel de Santa Marta, agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional se vieron obligados a detener una inspección judicial programada cuando el sacerdote suspendido Hernando Fajid Álvarez Yacub, conocido como el “cura rebelde”, ofició una misa sin autorización en medio de la revisión administrativa de registros y la capilla del lugar. La diligencia formaba parte de un proceso legal impulsado por la Fundación Juan Pablo Segundo para recuperar el control total del cementerio, que el sacerdote administra desde hace 17 años.
La inspección, anunciada con antelación, se complicó por la presencia de un féretro y familiares de un difunto que intentaron realizar una despedida frente al altar, mientras Álvarez Yacub decidió continuar con la celebración litúrgica pese a la intervención de las autoridades. El sacerdote, imputado desde 2025 por delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y ocultamiento de documentos, se niega a entregar las llaves del cementerio, lo que ha intensificado el conflicto con la Diócesis de Santa Marta.
División entre feligresía y autoridades eclesiásticas
El obispo José Mario Bacci Trespalacios suspendió eclesiásticamente a Hernando Fajid Álvarez Yacub, retirándole la autorización para oficiar liturgias y administrar el cementerio, tras formalizar la figura jurídica en la Cámara de Comercio. Un juez negó la medida cautelar solicitada por la Diócesis para impedir su acceso al predio, decisión que será apelada. La feligresía se encuentra dividida, con un fuerte respaldo de fieles al sacerdote, quienes lo ven como el único que se ha preocupado por el mantenimiento del lugar durante casi dos décadas.
“Esta diligencia estaba programada. El sacerdote sabía que se iba a realizar”.
Diego Duque, abogado de la Diócesis de Santa Marta
“Solicitamos una medida cautelar para que se le impidiera el acceso al cementerio, pero fue negada. Vamos a apelar esa decisión porque creemos que la Iglesia debe recuperar el control total del lugar”.
Diego Duque, abogado de la Diócesis de Santa Marta
En medio de la tensión, Álvarez Yacub declaró firme “Aquí me quedo”, mientras asistentes defendieron su labor con testimonios como “Él es el único que se ha preocupado por este lugar. Por eso lo apoyamos. Que digan lo que quieran, nosotros lo vamos a seguir escuchando” y “Si fuera malo, no tendría a toda esta gente siguiéndolo”. Por su parte, el padre Jesús Orozco, vocero de la Diócesis, enfatizó que “nada de lo que haga el señor tendrá efecto alguno, ni litúrgico ni sacramental”, invalidando las ceremonias realizadas por el suspendido.
Proceso penal y antecedentes
Este incidente se enmarca en un litigio prolongado, con un informe de El Tiempo en julio de 2025 que destapó irregularidades en la administración del cementerio. La inspección judicial continúa como parte del proceso para que la Fundación Juan Pablo Segundo asuma el control, mientras el caso penal contra el sacerdote avanza y la Diócesis insiste en recuperar la plena autoridad sobre el sitio. La información se basa en reportes de El Tiempo, Entérate en Línea del 26 de febrero de 2026 y publicaciones en redes sociales.
