La entidad alertó por hechos ocurridos en Sucre, Atlántico, Santander y Arauca que incluyen disparos contra vehículos de candidatos, la quema de un carro de campaña y un homicidio relacionado con actividades políticas.
A pocos días de las elecciones legislativas, la Defensoría del Pueblo reportó varios hechos de violencia que han afectado a campañas al Congreso en diferentes regiones del país. Según el organismo, en un lapso de 24 horas se registraron cuatro incidentes que involucran ataques armados, daños a bienes de campaña y un homicidio relacionado con actividades electorales.
Uno de los casos ocurrió en el departamento de Sucre, donde hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el candidato a la Cámara Gerardo Luis Ruiz, aspirante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Montes de María, respaldado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.
Un hecho similar se presentó en el departamento del Atlántico. Allí fue atacado el vehículo utilizado por la candidata a la Cámara María Bolívar Maury, del partido Alianza Social Independiente. La aspirante señaló que una motocicleta interceptó el carro en el que se desplazaba y efectuó varios disparos.
Otro incidente se registró en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, donde fue incendiado el vehículo utilizado en actividades de campaña del candidato a la Cámara Mauricio Matri, del Centro Democrático. El fuego también alcanzó otro automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.
El caso más grave, según el reporte, se presentó en el municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. Allí fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara Manuel Pérez.
La Defensoría indicó que estos hechos se suman a las advertencias emitidas en los últimos meses sobre los riesgos que enfrentan candidatos, líderes políticos y equipos de campaña en distintas regiones del país, especialmente en territorios donde se eligen las curules de paz.
Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades locales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección para reforzar las medidas de seguridad que permitan garantizar el desarrollo del proceso electoral y proteger a quienes participan en la contienda política.
