El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este domingo en Corferias, Bogotá, la incautación de 3.626 millones de pesos presuntamente destinados a la compra de votos durante las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia. La revelación se dio tras un análisis realizado junto al presidente Gustavo Petro y los organismos de control, hasta la medianoche previa a la jornada electoral, y viene acompañada de una propuesta para restringir las transacciones en efectivo superiores a los 5 millones de pesos, medida similar a las ya existentes sobre el porte de armas y la venta de alcohol en periodo electoral.
Las operaciones, desarrolladas en días anteriores al 8 de marzo en municipios como Bogotá, Montería, Sincelejo, Puerto Triunfo, La Pintada y Apartadó, resultaron en 68 capturas por delitos electorales, de las cuales dos personas quedaron bajo medidas de aseguramiento intramural, mientras el resto permanece bajo investigación. Entre los decomisos más significativos destacan 632 millones en Bogotá, 434 millones en Montería, 275 millones en Sincelejo, 243 millones en Puerto Triunfo, 212 millones en La Pintada y 150 millones en Apartadó, cifras que corresponden a los casos más relevantes detectados en el marco de una vigilancia permanente en los puntos de votación.
Propuesta para frenar el flujo de dinero en efectivo
Estas acciones responden al notable incremento en el flujo de dinero en efectivo utilizado para la compra de votos u otros delitos electorales durante el periodo de campaña. El ministro Sánchez enfatizó la necesidad de controles más estrictos para blindar la integridad del proceso democrático.
“Vemos que en este periodo es necesario restringir el efectivo porque se activa enormemente el flujo de dinero para compra de votos o delitos electorales”
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La propuesta de limitar transacciones superiores a 5 millones de pesos busca equipararse a las restricciones ya vigentes, fortaleciendo así la transparencia en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo este domingo en todo el país, con énfasis en la prevención de irregularidades que comprometan la voluntad popular.
