La Policía Nacional reportó 30 órdenes de comparendo por diferentes infracciones al decreto presidencial durante la jornada electoral en el departamento de Caldas. El balance también incluye la captura en flagrancia de una mujer de 66 años señalada de presuntamente ofrecer dinero a cambio de votos.
En el marco del Plan Democracia 2026 – “Voto Seguro”, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad en los 25 municipios del departamento de Caldas para acompañar el desarrollo de la jornada electoral y garantizar condiciones de orden público durante las votaciones.
Un total de 1.900 uniformados fueron asignados a labores de vigilancia y acompañamiento en los diferentes puestos de votación, en coordinación con autoridades político-administrativas y organismos de control que integran el Puesto de Mando Unificado (PMU).
Durante el desarrollo de las elecciones se impusieron 30 órdenes de comparendo por violaciones al decreto presidencial vigente para la jornada electoral. De estas, 18 correspondieron a incautación de propaganda electoral, 11 al uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación y una más por irrespeto a la autoridad policial.
Según el reporte de las autoridades, los comparendos se distribuyeron en los municipios de La Dorada (10), Aguadas (7), Pácora (5), Chinchiná (3), Marulanda (1), Salamina (1), Pensilvania (1), Manzanares (1) y Supía (1).
Durante la jornada también se registró la captura en flagrancia de una mujer de 66 años por el presunto delito de corrupción al sufragante, contemplado en el artículo 390 del Código Penal.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, la mujer habría entregado dinero a dos personas a cambio de su voto. La situación fue advertida por uniformados que realizaban labores de vigilancia en el lugar, quienes abordaron a los ciudadanos que recibieron el dinero. Estas personas señalaron a la mujer como quien presuntamente realizó la entrega.
En el procedimiento se incautaron 100.000 pesos en efectivo y la capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.
