En los municipios cafeteros de Colombia, la extorsión ha experimentado un incremento superior al 70 por ciento durante la última década, entre 2014 y 2023, según un estudio realizado por los docentes del Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, que analizó datos cuantitativos de 1.122 municipios del país. Este fenómeno se atribuye principalmente a la expansión de redes criminales, la circulación abundante de dinero en efectivo en el sector caficultor, los bajos niveles de bancarización y la persistente presencia de grupos armados ilegales.
El análisis, titulado Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia, revela que en todo el territorio nacional se registraron 10.560 denuncias por extorsión en ese período, afectando gravemente a más de 550.000 familias caficultoras distribuidas en cerca de 600 municipios. En particular, los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cafeteros vieron un aumento de 3,4 casos adicionales por cada 100.000 habitantes, mientras que siete de cada diez caficultores han recibido llamadas extorsivas, aunque menos del 15 por ciento de estos episodios se denuncian formalmente.
Riesgos elevados en zonas críticas y subregistro por temor
La extorsión ha reemplazado al secuestro como el principal mecanismo de financiación de los grupos criminales en estas regiones, con niveles críticos observados en departamentos como Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca. En contraste, los riesgos son bajos en Caldas, Quindío y Risaralda, lo que representa un alivio relativo para los productores del Eje Cafetero, incluyendo Manizales y sus alrededores. Sin embargo, el subregistro es alto debido al temor a represalias y la desconfianza en las instituciones, lo que agrava la vulnerabilidad del sector.
Los autores del estudio recomiendan fortalecer la presencia estatal en estos territorios, implementar mecanismos efectivos de denuncia y diseñar políticas de protección económica y social dirigidas específicamente a los productores caficultores, con el fin de mitigar esta amenaza que pone en jaque la sostenibilidad de una de las actividades económicas más emblemáticas del país.
