La administración del presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias que endurecen significativamente los requisitos, tarifas y controles para los ciudadanos colombianos que desean viajar, trabajar o residir en Estados Unidos. Estas decisiones, impulsadas por el Gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la Administración de Seguridad en el Transporte y el Departamento de Estado, incluyen cambios en los costos de visas, solicitudes de asilo, revisiones consulares, procedimientos de deportación y permisos de trabajo. Las nuevas políticas entraron en vigor desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, con incrementos específicos en la visa B1/B2 a partir de octubre de 2025 y la suspensión de visas de inmigrante desde el 21 de enero de 2026, afectando aeropuertos, procesos consulares y puntos de ingreso y salida en todo el territorio estadounidense.
Entre los cambios más destacados se encuentra la obligatoriedad de la aplicación CBP Home, que permite salidas voluntarias por hasta 2.600 dólares, y una tasa adicional de integridad de 250 dólares para la visa B1/B2, elevando el costo total aproximado a 435 dólares, equivalentes a unos 1,6 millones de pesos colombianos. Además, las solicitudes de asilo ahora requieren 100 dólares anuales mientras se procesan, y hay multas de 45 dólares en aeropuertos para vuelos nacionales sin identificación federal. Los permisos de trabajo cuestan 550 dólares en la primera solicitud y 275 dólares en renovaciones, con una vigencia máxima de 18 meses. El examen de ciudadanía exige responder al menos 12 de 20 preguntas seleccionadas de un banco de 128, en medio de un endurecimiento general que incluye la suspensión de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Colombia.
Controles estrictos y revisiones exhaustivas
Los procesos se han vuelto más rigurosos con la revisión obligatoria de la actividad digital en redes sociales para solicitudes de visas, la recolección de datos biométricos como huellas dactilares y fotos en puntos de ingreso y salida, y deportaciones expeditas sin la intervención de un juez de inmigración ni fianza para los arrestados. Los refugiados y asilados enfrentan detención si superan un año sin avanzar hacia la residencia permanente, mientras que la regla de «carga pública» permite rechazar solicitudes que perciban como dependientes del sistema. Las empresas pagan tarifas más altas por visas H-1B, hay restricciones a la lotería de visas y se facilita la deportación a terceros países, todo enmarcado en una política migratoria endurecida que impacta directamente los trámites de miles de colombianos.
Contexto de la nueva era Trump
Esta ofensiva contra la inmigración irregular busca fortalecer las fronteras y priorizar la seguridad nacional, según las directrices de la actual administración, lo que genera preocupación entre la diáspora colombiana en Estados Unidos y quienes planean migrar. Expertos advierten que estos controles y costos elevados complicarán el acceso legal, obligando a mayor planificación y recursos para evitar rechazos o sanciones inesperadas en cada etapa del proceso.
