El Gobierno de Colombia, a través del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha impulsado la Ley 2466 de 2025, que establece obligaciones e incentivos tributarios junto con prioridad en contratos públicos para las empresas que incorporen laboralmente a personas con discapacidad. Esta norma, aprobada recientemente, entrará en vigor el 25 de junio de 2026 y busca transformar la realidad del empleo inclusivo en el país, promoviendo una inclusión laboral equitativa y diversa para personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables. En diciembre de 2025 se firmó la Alianza por el Empleo Inclusivo, durante una Jornada de Inclusión Laboral con Beneficios Tributarios, donde se socializaron estos avances.
Las empresas con más de 100 empleados deberán incorporar al menos dos trabajadores con discapacidad por cada 100 colaboradores, estableciendo así una cuota mínima obligatoria. Cumplir con esta exigencia otorgará beneficios como deducciones tributarias del 200 por ciento sobre los salarios y prestaciones pagados a personas con discapacidad y a mujeres víctimas de violencia de género, así como del 120 por ciento para jóvenes menores de 28 años en su primer empleo y adultos mayores sin pensión. Además, se reduce en un 50 por ciento la cuota de aprendices para las compañías que cumplan la norma, y se aplicará progresividad en aportes parafiscales para la contratación de personas pospenadas, con mayores reducciones si el 60 por ciento de las vinculaciones corresponden a mujeres o personas transgénero.
Incentivos que impulsan la inclusión y el crecimiento empresarial
La ley no solo responde a la baja tasa de empleo en Colombia, donde solo 46 de cada 100 jóvenes, 29 de cada 100 adultos mayores y 20 de cada 100 personas con discapacidad consiguen trabajo, sino que también ofrece prioridad en la contratación pública, certificación en sostenibilidad y reconocimiento en programas de responsabilidad social empresarial. Un estudio de Accenture, Disability:IN y la Asociación Americana de Personas con Discapacidad revela que las empresas inclusivas generan 1,6 veces más ingresos, el doble de beneficios económicos y 2,6 veces más ingresos netos, lo que demuestra cómo la diversidad laboral mejora el desempeño económico de las organizaciones.
“En nuestro país, de cada 100 jóvenes 46 tienen empleo, de los adultos mayores, apenas 29. En las personas con discapacidad, la cifra es dura: solo 20 de cada 100 consiguen trabajo. Esa es la realidad que tenemos que transformar”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Con estos mecanismos, la Ley 2466 de 2025 no solo obliga a la inclusión, sino que la convierte en una oportunidad estratégica para las empresas colombianas, fomentando un mercado laboral más justo y productivo que beneficie a toda la sociedad.
