Andrea Esperanza Valdés, una reclusa actualmente alojada en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá, enfrenta un proceso de restablecimiento de derechos impulsado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) que busca separar a su hijo de nueve meses de su lado, según una denuncia presentada por la ONG Temblores. Este procedimiento se justifica por supuestas conductas de mal comportamiento de la madre, aunque carece de documentación clara o pruebas suficientes, de acuerdo con la organización. El caso ganó notoriedad en 2024, cuando Valdés denunció un abuso sexual perpetrado por dos guardias del Inpec en la Cárcel El Pedregal de Medellín, lo que resultó en su embarazo y posterior traslado a Bogotá debido a amenazas e intimidaciones.
Tras la denuncia, los dos guardias implicados fueron enviados a prisión en agosto de 2025, pero la situación de Valdés no mejoró. La normativa colombiana permite que los niños permanezcan con sus madres en prisión hasta los tres años bajo el acompañamiento del Icbf, lo que hace que esta posible separación anticipada represente una violación potencial de derechos. Temblores alerta sobre la estigmatización que sufre el menor, a quien funcionarios del establecimiento carcelario han referido como el “niño INPEC”, una expresión que traslada la violencia sufrida por la madre al niño y refuerza dinámicas de discriminación en el entorno penitenciario.
Violencia institucional y falta de garantías para la maternidad
La organización Temblores subraya que este caso evidencia cómo las mujeres en contextos de privación de la libertad enfrentan múltiples formas de violencia institucional, incluso después de denunciar hechos graves ocurridos bajo la custodia del propio Estado. El proceso iniciado por el Icbf y respaldado por el Inpec se presenta sin evidencia sólida, lo que pone en riesgo la unidad familiar en un momento en que el niño aún depende completamente de su madre. Valdés fue trasladada de Medellín a Bogotá precisamente por las amenazas recibidas tras su denuncia y el embarazo resultante del abuso.
«En particular, ha señalado que funcionarios del establecimiento se han referido a su hijo como el “niño INPEC”, una expresión que traslada el peso de la violencia sufrida por la madre hacia el niño y refuerza dinámicas de discriminación dentro del entorno carcelario».
Temblores, organización
«No basta con evaluar el comportamiento de la madre. El Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la maternidad. Si esas condiciones no existen, la falla es institucional».
Temblores, organización
«Este caso evidencia cómo, en contextos de privación de la libertad, las mujeres pueden enfrentar múltiples formas de violencia institucional, incluso después de haber denunciado hechos graves ocurridos bajo custodia del propio Estado».
Temblores, organización
El impacto de esta situación no solo afecta la relación madre-hijo, sino que contraviene estándares internacionales como la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Reglas Bangkok de Naciones Unidas, que enfatizan la protección de la maternidad en prisiones. Temblores exige una revisión inmediata del proceso para evitar la separación injustificada y garantizar condiciones dignas, recordando que la responsabilidad recae en el Estado por fallas institucionales que perpetúan la discriminación y la revictimización.
