Senadora Karen Manrique se presenta en Tame, Arauca, sin captura formal de Corte Suprema

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La senadora Karen Manrique se presentó de manera voluntaria ante la Sijín de la Policía en Tame, Arauca, el pasado 11 de marzo, en el marco de una investigación por cohecho impropio vinculada a presuntos desvíos en contratos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, hasta el 12 de marzo no se había concretado la captura formal ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que también dispuso prisión preventiva y la suspensión inmediata de su cargo como legisladora.

Manrique, electa con 5.640 votos en su reciente reelección y representante del departamento de Arauca, enfrenta acusaciones por su presunto rol como nexo entre el Gobierno nacional y el Congreso en la adjudicación de contratos por 92.000 millones de pesos destinados a municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar. La Fiscalía ha presentado evidencias como comunicaciones y mensajes de WhatsApp que comprometen su participación en la contratación, mientras que el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, declaró que coordinó agendas y dio seguimiento a solicitudes provenientes de Arauca.

Impacto en el Congreso y el departamento de Arauca

La decisión judicial activa la figura de la «silla vacía» en el Senado, lo que impide el reemplazo de Manrique por otro miembro de su lista o partido, dejando sin representación al departamento de Arauca durante el resto de la legislatura y el próximo período. Casos similares, como los de las exsenadoras Soledad Tamayo y Aída Merlano, también resultaron en curules vacías por fallos judiciales. Actualmente, la senadora permanece a la espera de la formalización de su detención y la definición del lugar de reclusión.

Este episodio profundiza las investigaciones sobre corrupción en entidades clave como la Ungrd, resaltando irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a la prevención y atención de desastres, y genera interrogantes sobre la transparencia en la asignación de contratos millonarios en regiones vulnerables del país.

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