El presidente Gustavo Petro generó controversia al afirmar en su cuenta de X, el 12 de marzo de 2026, que su gobierno había reducido la deuda externa de Colombia del 54,7% al 53,4% del PIB durante 2025, pero el Banco de la República desmintió esa versión al revelar que la deuda total alcanzó un máximo histórico de 246.801 millones de dólares, equivalente al 53,8% del PIB, en diciembre de 2025. Esta discrepancia surge porque la ligera baja porcentual se atribuye al sector privado, mientras que el sector público vio un aumento significativo en sus obligaciones.
Los datos oficiales del Banco de la República muestran que la deuda externa creció en 25.848 millones de dólares en el último año, pasando de 220.953 millones en diciembre de 2024, cuando representaba el 52,7% del PIB, a la cifra récord actual, con un incremento de 1,1 puntos porcentuales. En el sector público, que concentra el 61,9% de la deuda total por 152.747 millones de dólares y el 33,3% del PIB, el alza fue de 20.307 millones de dólares, impulsada principalmente por obligaciones de largo plazo.
Desglose por sectores y acreedores
El sector público se divide en un 76% correspondiente al Gobierno nacional, 16% a entidades descentralizadas y 8% a otros rubros, con el 86,1% de la deuda en instrumentos de largo plazo y el 13,9% en corto plazo. Entre los acreedores, destacan los bonos con un aumento de 17.833 millones de dólares, la banca comercial con 1.245 millones más, mientras que los organismos internacionales redujeron sus compromisos en 2.142 millones; además, el 13,3% de la deuda privada proviene de préstamos entre empresas con inversión directa.
“Redujimos la deuda externa de Colombia del 54,7% del PIB o total de la economía, al 53,4% en el año 2025 (sic)”
Gustavo Petro, presidente de la República
Esta situación deja la deuda externa colombiana por encima de los niveles registrados durante la pandemia de covid-19 en 2020, con el crecimiento del endeudamiento público como principal motor, lo que genera una marcada discrepancia entre las afirmaciones presidenciales y los informes oficiales del Banco de la República, avivando el debate sobre la gestión fiscal en el país.
