La representante a la Cámara Karen Manrique se entregó voluntariamente el 12 de marzo de 2026 en la Estación de Policía de Tame, Arauca, para cumplir con la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Su defensa, liderada por el abogado Andrés Garzón, solicitó de inmediato al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) medidas especiales de seguridad para su reclusión, argumentando amenazas reiteradas presuntamente provenientes de grupos armados ilegales en la región. La captura fue formalizada por la Sijín de la Policía local y registrada en video, mientras que la petición se presentó por correo oficial tanto al Inpec como a la Corte Suprema.
La solicitud de protección se fundamenta en las graves intimidaciones que ha sufrido la congresista en los últimos meses, según reveló una fotografía del correo enviada al Inpec y difundida por Blu Radio. La pesquisa judicial gira en torno a presuntos pagos irregulares destinados a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito internacional mediante contratos de la Ungrd, con testimonios clave de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides y el exdirector de la entidad Olmedo López, quien ha ofrecido devolver 724 millones de pesos.
Defensa cuestiona testimonios y niega contratos directos
En el contexto de esta investigación, que también involucra a congresistas como Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, solo Manrique y Manzur permanecen privados de la libertad. La defensa de la representante araucana niega cualquier beneficio contractual directo y limita su participación a la promoción de proyectos, como la rehabilitación del río Bojavá en Arauca, donde se entregaron nombres de enlaces para gestiones ante la Ungrd sin asignar contratistas específicos.
“La congresista ha sido víctima de amenazas muy serias en los últimos meses”
Andrés Garzón, abogado de la defensa
“Hubo proyectos, no contratos. Se entregó el nombre de los enlaces correspondientes para que iniciaran gestiones ante la Ungrd, pero jamás un contratista fue asignado directamente por la congresista”
Andrés Garzón, abogado de la defensa
Además, la credibilidad de testigos como Olmedo López ha sido puesta en duda por su propio historial judicial, que incluye investigaciones por fraude procesal, falso testimonio y falsedad documental, lo que añade complejidad a un caso que sigue desarrollándose ante la Corte Suprema y podría tener repercusiones significativas en la política nacional.
