Los congresistas Wadith Manzur, senador electo y exrepresentante a la Cámara por Córdoba, y Karen Manrique, representante reelegida por la curul de paz, enfrentan un escrutinio profundo sobre sus patrimonios tras ser capturados por presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Corte Suprema de Justicia emitió órdenes de captura que revelaron contrastes notorios entre sus declaraciones juradas ante la Función Pública y los registros notariales de la Superintendencia de Notariado y Registro, abarcando el período de 2020 a 2025. Mientras Manzur reportó un incremento patrimonial líquido del 59,11 por ciento, pasando de 2.010 millones de pesos en 2021 a 3.198 millones en 2024, Manrique mostró cifras mucho más modestas, con un patrimonio líquido de 57 millones en 2020 que subió a 140 millones en 2021, y para 2025 ingresos declarados de apenas 3 millones junto a una cuenta de ahorros de 800 mil pesos. Ambos se entregaron voluntariamente a las autoridades tras las órdenes judiciales.
En el caso de Wadith Manzur, sus bienes en 2021 alcanzaron un valor de 1.130 millones de pesos, con un total de 47 propiedades distribuidas principalmente en Cereté y Montería, Córdoba. Ese año registró deudas por 235 millones, lo que dejó un patrimonio bruto de 2.245 millones. Para 2023, sus ingresos llegaron a 2.071 millones, con cuentas bancarias que sumaban 312 y 343 millones de pesos, respectivamente. En 2024, declaró 13 bienes, incluyendo participaciones en empresas agropecuarias dedicadas a cultivos y ganado, y sus ingresos totalizaron 2.237 millones, de los cuales 1.533 millones provinieron de honorarios. Estos datos contrastan con los registros notariales que cuestionan la evolución de sus activos en medio de las investigaciones por el manejo irregular de recursos en la Ungrd.
El perfil patrimonial de Karen Manrique
Karen Manrique, con propiedades en Puerto Rondón, Arauca, presentó en 2021 dos inmuebles valorados en 60 millones de pesos, aunque no figuran propiedades inscritas a su nombre en los registros notariales. Ese mismo año, sus ingresos sumaron 420 millones de pesos, principalmente por rentas de 345 millones y honorarios de 75 millones, con una cuenta de ahorros de 25,5 millones, pero también deudas por leasing de 117 millones y un crédito de 18 millones. Sus conexiones familiares en los sectores agrícola y ganadero, sumadas a su condición de víctima del conflicto armado, contextualizan su trayectoria política, pero no explican las discrepancias entre declaraciones y registros oficiales. Reelegida recientemente, su caso resalta el contraste con el volumen de activos de Manzur en el marco del escándalo de la Ungrd.
La revelación de estas evoluciones patrimoniales ocurre en un momento crítico para los recién reelegidos congresistas, ambos implicados en presuntas irregularidades que han sacudido la gestión de desastres en Colombia. Las autoridades continúan profundizando en las fuentes oficiales para esclarecer las inconsistencias, mientras la opinión pública exige transparencia en medio de un contexto de corrupción que compromete la confianza en el Congreso.
