En la mañana del jueves 12 de marzo, Javier Arias, conocido como Javier Arias Stunt o Javier Arias Castañeda y propietario de la empresa ACJ Digital Revolution S.A.S., fue detenido en su residencia rural ubicada en el corregimiento de El Totumo, en Necoclí, Antioquia. La captura se produjo durante un registro policial en el que las autoridades incautaron armas y municiones, dando inicio a un proceso judicial en su fase preliminar por presunta violación al ordenamiento penal relacionado con el hallazgo de armamento.
Este empresario saltó a la fama en redes sociales por organizar sorteos de vehículos y motos de lujo, actividades que recientemente lo llevaron a Necoclí portando un Cybertruck. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por controversias, incluyendo 35 procesos administrativos sancionatorios abiertos por Coljuegos en 2024 debido a rifas no autorizadas, con posibles multas que alcanzan hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la entidad solicitó el bloqueo de sus perfiles en plataformas digitales por estas irregularidades.
Antecedentes regulatorios y repercusiones
La investigación judicial se mantiene bajo reserva, y se espera información oficial sobre los cargos específicos y el detalle del material incautado. Estos eventos se suman a las acciones previas de Coljuegos, que han cuestionado la legalidad de sus operaciones de juegos de suerte y azar sin autorización.
«Además de incurrir en una presunta violación al ordenamiento penal, estas personas estarían dejando de pagar recursos que posteriormente son transferidos al sistema de salud.»
Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos en 2024
El caso de Javier Arias pone en evidencia las tensiones entre el auge de sorteos virales en internet y la regulación estatal, mientras las autoridades avanzan en la fase preliminar del proceso para determinar las responsabilidades penales y administrativas involucradas.
