La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió este 11 de marzo una orden de captura contra el senador electo Wadith Manzur y la representante a la Cámara electa Karen Manrique, ambos vinculados al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se basa en presuntos delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, derivados de una investigación que revela manipulación en la asignación de recursos y proyectos de la entidad, donde habrían recibido beneficios a cambio de favorecer actos relacionados con sus funciones públicas.
Estas curules, correspondientes al período legislativo 2026-2030, ahora enfrentan incertidumbre jurídica, ya que la medida de prisión preventiva podría activar la figura de la «silla vacía», que impide el reemplazo por suplentes en casos de investigados por delitos contra la administración pública, dejando los escaños vacantes en el Congreso.
Precedentes que marcan el camino judicial
La situación evoca casos emblemáticos como el de Jesús Santrich, capturado en abril de 2018 por presunto narcotráfico, cuya curul fue suspendida bajo el Acuerdo de Paz; aunque tomó posesión en junio de 2019, huyó y el Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura. Similarmente, Aída Merlano, elegida senadora en 2018 y condenada por compra de votos, vio anulada su investidura sin reemplazo, e incluso el llamamiento a Soledad Tamayo para ocupar su curul fue invalidado por el Consejo de Estado. Expertos señalan que la «silla vacía» se activa tras la imputación formal, como en estos precedentes.
“La batalla jurídica apenas comienza. Aunque Manzur y Manrique van a prisión preventiva, tienen el derecho sagrado a la defensa de apelar esta decisión. Si logran demostrar su inocencia en el juicio, recuperarían su libertad, pero mientras tanto, sus partidos quedan mutilados y sin voto en el Congreso”
Augusto Forero, abogado
Aún no se ha confirmado la participación en los crímenes alegados, y tanto Manzur como Manrique conservan el derecho a apelar la decisión de la Corte Suprema, en un proceso que podría redefinir el panorama político para el próximo cuatrenio en el Congreso de la República.
