El Consejo de Estado de Colombia admitió una tutela interpuesta por José del Carmen Cuesta Novoa en contra de la decisión que suspendió el Decreto 1469 de 2026 sobre el salario mínimo, aunque rechazó las medidas provisionales solicitadas por el demandante. La ponencia estuvo a cargo del magistrado Pedro Pablo Vanegas, y esta resolución se produce en el marco de un litigio que cuestiona la suspensión provisional emitida el 12 de febrero de 2026, seguida del Decreto 0159 transitorio del 20 de febrero que mantiene vigente el valor salarial.
La tutela argumenta que la suspensión del decreto vulnera derechos fundamentales como el mínimo vital, el debido proceso, la igualdad y el derecho al trabajo, especialmente porque afecta los ingresos de los trabajadores dependientes del salario mínimo, estimados en dos millones de pesos mensuales, que incluyen una base de un millón 750 mil 905 pesos más un auxilio de transporte de 249 mil 95 pesos. Este monto representa un incremento del 23 por ciento respecto al anterior, desglosado en un 13,6 por ciento por factores económicos y un 9,4 por ciento correspondiente al salario vital, en un contexto donde las proyecciones de inflación para 2026 se ajustaron de 3,2 por ciento a 5,8 por ciento.
Antecedentes del conflicto salarial
El Decreto 1469 fue emitido el 29 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro ante la falta de acuerdo en la concertación tripartita, pero fue suspendido provisionalmente por no ajustarse a los requisitos de la Ley 278 de 1996, que exige considerar la meta de inflación del Banco de la República y los índices de productividad. En su lugar, se promulgó el Decreto 0159 transitorio para preservar el valor del salario mínimo, garantizando que los pagos de enero y febrero de 2026 sean legalmente válidos. El salario vital se fundamenta en criterios de la Organización Internacional del Trabajo para asegurar una vida digna a los trabajadores.
Esta admisión de la tutela abre un nuevo frente jurídico sobre la validez del componente de salario vital en el incremento salarial, aunque el caso pendiente aún debe resolverse en fondo para determinar si efectivamente se vulneraron derechos fundamentales. Mientras tanto, el salario de dos millones de pesos se mantiene vigente bajo el decreto transitorio, lo que genera expectativa en el sector laboral colombiano por las implicaciones en la política salarial del país.
