La Fiscalía General de la Nación solicitó la imputación de cargos contra Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, gerente del proyecto en la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de helicópteros MI-17. La audiencia de imputación se tramitará en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, donde se acusa a los involucrados de manipular el proceso contractual para favorecer a la empresa Vertol Systems Company.
Las irregularidades ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, culminando con la firma del contrato el 31 de diciembre de ese año y el desembolso de un anticipo de más de 16 millones de dólares el 15 de abril de 2025. Según la investigación, los exfuncionarios modificaron requisitos financieros y técnicos, otorgaron prórrogas injustificadas para cotizaciones y alteraron estudios previos de evaluación, a pesar de que el comité evaluador había descartado inicialmente la propuesta de Vertol Systems Company por falta de capacidad demostrada. De los 32 millones de dólares del contrato, solo se ejecutaron trabajos por 2,6 millones, dejando más de 13 millones sin reintegrar, lo que generó un detrimento patrimonial y dejó 15 de los 20 helicópteros MI-17 fuera de servicio, afectando la operatividad de la aviación militar.
Delitos graves en la mira de la justicia
Los procesados enfrentan cargos por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. La transferencia del anticipo se realizó a una cuenta en Estados Unidos a nombre de la empresa adjudicataria, lo que resalta el incumplimiento formal identificado por la Fiscalía en este contrato para el mantenimiento de la flota MI-17 del Ejército Nacional.
La próxima etapa del proceso implica el reparto aleatorio del juzgado y la programación de la fecha para la audiencia de imputación, en un caso que expone vulnerabilidades en la contratación pública militar y sus impactos en la seguridad nacional.
