La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una condena de cuatro años y tres meses de prisión e inhabilidad a Iván Moreno Rojas, exsenador del Partido de la U, por su participación en el esquema de corrupción conocido como el “carrusel de la contratación” durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas en Bogotá, entre 2008 y 2011. La sentencia, emitida el 11 de marzo de 2026 por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, se basa en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, tipificados en los artículos 409 y 397-2 del Código Penal, derivados del uso de influencias para intervenir en la adjudicación de contratos públicos mediante terceros y el cobro de comisiones ilegales.
La pena incluye además una multa de 880.802.287 pesos a favor del Tesoro Nacional y una indemnización por daños y perjuicios por 7.657.198.064 pesos al Distrito de Bogotá, cantidad que deberá actualizarse al momento del pago. Los convenios investigados, adjudicados por la Secretaría de Integración Social, superaron los 51.877 millones de pesos, en un entramado que involucró a altos funcionarios, contratistas y particulares en el direccionamiento de contratos de infraestructura y servicios públicos.
Detalles de la sentencia y ejecución
La condena se profirió mediante sentencia anticipada bajo la Ley 600 de 2000, reafirmando la responsabilidad penal de Iván Moreno Rojas en este caso emblemático de corrupción. Entre los terceros implicados figuran Héctor Julio Gómez González, Mercedes del Carmen Ríos Hernández y Andrés Alberto Cardona Laverde. La decisión niega la suspensión condicional de la pena, la prisión domiciliaria y la condena en costas, ordenando su ejecución en un centro penitenciario bajo la custodia del Inpec, con notificación inmediata a las autoridades competentes. Existe la posibilidad de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Este fallo representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la capital, recordando el vasto esquema del “carrusel de la contratación” que salpicó a figuras políticas de alto perfil y dejó un impacto millonario en las arcas públicas de Bogotá.
