La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, liderada por su presidente Pablo Bustos, dirigió una solicitud formal a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a cargo de Hernán Penagos, para obtener el listado completo de jurados de las elecciones al Congreso realizadas el pasado 8 de marzo. Esta petición busca verificar posibles conflictos de interés a nivel nacional, cruzando la información con contratistas, zonas de órdenes de prestación de servicio (OPS) y familiares de alcaldes o gobernadores, ante presuntas irregularidades detectadas en regiones.
La comunicación oficial, enviada a la sede en Bogotá y correos electrónicos institucionales, fundamenta la urgencia en la Constitución Política, la Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015 y normatividad internacional contra la corrupción, adjuntando certificados de existencia y representación legal. Se requiere el detalle por departamento, incluyendo nombres, números de cédula y ocupación o cargo de cada jurado, con el fin de evaluar los procedimientos electorales y la selección de estos funcionarios.
Presuntas irregularidades en mesas de votación
En el contexto de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo, marcadas por denuncias de fraude —incluidas las del presidente Gustavo Petro sobre el software electoral—, la Procuraduría General solicitó una medida cautelar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el mandatario para que se abstenga de afirmaciones sin pruebas. Una audiencia pública programada para el 13 de marzo analizará las garantías electorales de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.
«Estamos solicitándole a la Registraduría Nacional del Estado Civil expida una certificación y una relación completa de todos los jurados de votación en el país para cruzarla con las OPS, es decir, las zonas de órdenes de prestación de servicio o contratistas de alcaldías y gobernaciones. Toda vez que, al parecer, algunos de estos contratistas habrían sido jurados de votación el pasado domingo de las elecciones a Congreso y justamente en algunos de ellos también se habrían presentado irregularidades tendientes a favorecer, precisamente, a los candidatos que son familiares de los gobernadores o de los alcaldes. Ya hay algunos presuntos hallazgos de estas irregularidades que se advierten desde las regiones.»
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia
«Todo esto, sin duda alguna, se considera que puede generar no solo una desmotivación para la ciudadanía que puede considerar que para qué vamos a votar si van a resultar alterando nuestras decisiones o incluso pueden llegar a generar inconvenientes en el propio desarrollo de la prestación de esta función electoral.»
Juan Carlos Villamil, procurador delegado
Estas acciones subrayan la necesidad de transparencia en el proceso electoral, alertando sobre el riesgo de desmotivación ciudadana y posibles alteraciones en la voluntad popular, en un momento clave para la democracia colombiana previo a las presidenciales de 2026.
