La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha responsabilizado a ocho integrantes del Ejército Nacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre ellos desaparición forzada, exterminio y tortura, perpetrados contra pueblos étnicos y comunidades campesinas en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño, durante el período comprendido entre 2001 y 2012. Entre los implicados se encuentran figuras clave como José Gregorio Betancourt Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla N.º 93, junto a otros cinco miembros de la fuerza pública. La decisión fue emitida por la Sala de Reconocimiento de la JEP el 16 de marzo de 2026, tras una exhaustiva investigación judicial empleando una metodología territorial e intercultural, enmarcada en el contexto del conflicto armado en el sur de Nariño.
Los responsables fueron hallados culpables de asesinatos, desplazamiento forzado, confinamiento, hostilidades, persecución y otros actos graves, agrupados en tres patrones macrocriminales: la estigmatización y violencia selectiva contra líderes comunitarios; el falseamiento de asesinatos presentados como bajas en combate; y el control militar del territorio con ocupación de espacios colectivos. Estas acciones afectaron gravemente a comunidades indígenas Awá y Eperara Siapidaara, al Pueblo Negro Afrocolombiano y a la población campesina, en una región donde más del 90 por ciento de los habitantes es de origen étnico y el 79 por ciento del territorio pertenece a resguardos colectivos. Se documentaron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades entre 2003 y 2012, impactando a 16.337 personas, agravados por las fumigaciones aéreas con glifosato que concentraron en Nariño el 41 por ciento del total nacional de hectáreas asperjadas entre 2004 y 2012, sin consulta previa a las autoridades étnicas, lo que generó 5.072 denuncias por efectos adversos entre 2002 y 2013, de las cuales solo 104 recibieron compensación estatal.
Investigación robusta y consecuencias judiciales
La pesquisa de la JEP se sustentó en 47 declaraciones de integrantes de la fuerza pública, 57 informes de organizaciones y 29 diligencias dialógicas, revelando un racismo estructural, discriminación y un contexto de abandono estatal acompañado de una intervención militarista. Estos crímenes no solo destruyeron vidas y territorios, sino que profundizaron el daño en comunidades ya vulnerables por el conflicto armado.
Los implicados disponen de 30 días para aceptar o rechazar la responsabilidad atribuida. En caso de aceptación, participarán en audiencias públicas que podrían derivar en sanciones restaurativas; de lo contrario, enfrentarán posibles cargos penales con penas de hasta 20 años de prisión. Esta resolución marca un hito en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas en el Pacífico nariñense, destacando la necesidad de reparación integral en medio de un legado de violencia sistemática.
