Las ganancias ilícitas generadas por la minería ilegal de oro en Colombia ascienden a 8.400 millones de dólares anuales, equivalentes a más de 30 billones de pesos, superando cuatro veces el costo de la última emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro y consolidándose como la principal fuente de financiación para grupos armados ilegales. Esta alarmante realidad fue destacada en un foro organizado por Fedepartamentos y el periódico El Tiempo, donde la gobernadora de Tolima, Adriana Magaly Matiz; el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y la representante de la Defensoría del Pueblo, Érika Castro, discutieron el profundo impacto de esta actividad criminal que desplaza al narcotráfico en rentabilidad.
La minería ilegal, que representa el 85 por ciento del oro nacional, opera con maquinaria pesada y dragas que generan rentas exorbitantes para los violentos, cobrando entre 5 y 8 millones de pesos por cada unidad que ingresa a los territorios afectados, como el municipio de Ataco en Tolima. Este modelo de negocio criminal fortalece organizaciones ilegales, incrementa la violencia, provoca graves daños ambientales por el uso de mercurio en ríos y reduce las regalías e inversión en la minería formal en departamentos clave como Chocó, Cauca y Nariño, afectando directamente comunidades rurales y la biodiversidad.
Alertas desde las regiones sobre parainstitucionalidad y extorsión
Las autoridades regionales denunciaron la relación de beneficio mutuo entre estructuras criminales y extractores ilegales, que sobrecarga a la Defensoría del Pueblo con casos de reclutamiento forzado y prostitución. La actividad no solo lucra con porcentajes sobre la producción de oro, sino que extorsiona sistemáticamente el ingreso de equipos, perpetuando un ciclo de violencia y degradación ambiental.
«Aquí los violentos no solo se lucran de los porcentajes por la cantidad de oro, sino que además cobran renta por cada maquinaria pesada que ingresa al territorio: entre 5 y 8 millones de pesos.»
Adriana Magaly Matiz, gobernadora de Tolima
«Al país hay que ponerle la realidad de frente: aquí hay una parainstitucionalidad ligada a la comercialización minera que termina favoreciendo a los grupos criminales. Se sabe que el oro sale tipo B y se convierte en tipo A, y todo el mundo está tranquilo.»
Luis Alfonso Escobar Jaramillo, gobernador de Nariño
Frente a esta situación, que cuadruplica los recursos invertidos en emergencias nacionales, urge una respuesta integral para desmantelar esta red criminal que amenaza la estabilidad social, económica y ecológica de las regiones más vulnerables del país.
