La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias a dieciséis funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por acceder de manera indebida a datos sensibles durante visitas administrativas realizadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería entre el 12 y el 14 de marzo de 2024. Entre los sancionados figuran Francisco Melo, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Mario Alejandro Franco, Martha Liliana Fandiño, Yolanda Hernández Alonso, Mercy Lorena Agamez, Daniela Alvarado, Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés, todos bajo la gestión de Cielo Rusinque. Estas acciones se enmarcaron en una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones entre la Registraduría y la empresa Thomas Greg & Sons, mediante grupos de auditoría forense y seguridad digital que utilizaron espejos forenses y copias de seguridad de computadores y teléfonos móviles personales e institucionales.
El fallo de la Procuraduría, que consta de 215 páginas, califica las faltas como graves y dolosas. Francisco Melo fue inhabilitado por un año y multado, mientras que Mario Alejandro Franco recibió una suspensión e inhabilitación de nueve meses. Los datos accedidos de forma indebida incluyeron información confidencial como el censo electoral, historiales clínicos y situaciones judiciales de ciudadanos en el exterior, superando los límites legales de las actuaciones de la SIC, cuya finalidad es la vigilancia de la libre competencia, la protección de datos y las prácticas comerciales.
Detalles de la investigación y dispositivos inspeccionados
Las visitas se dirigieron específicamente a dispositivos de altos funcionarios como Cielo de la Consuegra, registradora auxiliar de gestión; Nohora Mendoza, gerente administrativa y financiera; y Jairo Chivará, registrador delegado para lo operativo. La defensa de los funcionarios argumentó que las actas de las visitas no prueban solicitudes ni accesos al censo electoral, pero el ente disciplinario determinó la violación a la custodia rigurosa de la información reservada o confidencial.
“las facultades de la Superintendencia para acceder a toda la información, sea esta reservada o confidencial, y la obligación de custodiarla rigurosamente”
Funcionarios de la SIC, invocadas en el fallo de la Procuraduría
Además, se registraron denuncias por parte de la Cancillería y el Comité de Gestión y Talento Humano (CGT) sobre un ambiente laboral hostil y actitudes abusivas durante las inspecciones. Cabe recordar que Thomas Greg & Sons ha sido proveedora de pasaportes desde 2010 y participó en las elecciones de 2022, lo que contextualiza las indagaciones de la SIC sobre posibles irregularidades contractuales.
Esta sanción establece precedentes importantes sobre los límites legales en el acceso a información sensible por parte de entidades supervisoras, reforzando la necesidad de equilibrar la vigilancia competitiva con la protección de la privacidad ciudadana en Colombia.
