El Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc liderada por Iván Mordisco y con voceros del Frente 36, anunció la prohibición de acceso a las misiones de verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo en los territorios donde ejerce su influencia política y militar. Esta medida, vigente a partir de la fecha de publicación del comunicado el 18 de marzo de 2026 en la cuenta de X @Pueblo_Dignidad, responde a graves violaciones de confianza y neutralidad por parte de estos organismos, que habrían sido utilizados para obtener información sobre las posiciones del grupo y facilitar operaciones militares en su contra.
En la misiva, los voceros del Estado Mayor Central acusan a estas entidades de ser manipuladas por sus encargados regionales, quienes desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico y aversión contra las Farc-EP, lo que justifica operativos militares. Entre los ejemplos citados destacan el silencio casi cómplice frente a crímenes de Estado y violaciones al derecho internacional humanitario, como la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, atribuida a la fuerza pública, y el asesinato de tres civiles en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, durante enero.
Denuncias específicas del grupo armado
El anuncio se produce en medio de un incremento de operaciones militares y policiales contra el Estado Mayor Central y sus redes de apoyo en zonas urbanas como Bogotá y Medellín. Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la desarticulación de una red criminal vinculada al Frente 36 en el Valle de Aburrá, tras seis meses de investigación; esta estructura utilizaba inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones.
«Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra (sic)».
Voceros del Estado Mayor Central
«Manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las Farc-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares».
Estado Mayor Central, sobre alertas de la Defensoría del Pueblo
«Siempre hemos señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de estado o la violación al derecho internacional humanitario como en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la fuerza pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero, o los bombardeos contra civiles y menores de edad en el departamento del Guaviare».
Estado Mayor Central
Esta restricción limita seriamente la capacidad de monitoreo independiente, protección y verificación de derechos humanos en zonas de conflicto, afectando directamente a las poblaciones locales. No obstante, se exceptúa al Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), siempre que cumpla con condiciones de neutralidad absoluta, secreto, confidencialidad y coordinación previa con el grupo.
