Un informe revelador de El Espectador ha destapado ocho expedientes judiciales en curso que involucran disputas por predios decomisados o extinguidos de dominio en Antioquia, Córdoba y Boyacá, todos vinculados a figuras emblemáticas del paramilitarismo y el narcotráfico como Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”, Ramiro “Cuco” Vanoy, Luis Hernando Gómez Bustamante “Rasguño”, Henry de Jesús Pérez, Ramiro Arturo Correa Arroyave, socio de Pablo Escobar, Salvatore Mancuso, “El Alemán” y “Don Mario”, así como sociedades como Agromedellín S.A.S. e Inversiones Vega Lacharme. Estos terrenos, cuyo área total supera las 3.000 canchas de fútbol, deben destinarse a la reparación de víctimas del conflicto armado interno, pero permanecen en poder del Estado mientras los tribunales resuelven los reclamos de esposas, herederos o empresas que alegan adquisiciones legales.
Los decomisos ocurrieron principalmente en 2009 y 2021, y los procesos se tramitan actualmente en el Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema de Justicia. En Antioquia, destacan las fincas La Molinera y Las Margaritas en Turbo, ligadas a “Cuco” Vanoy y Ramiro Arturo Correa Arroyave. En Córdoba, una propiedad de más de 900 hectáreas en Tierralta, escenario de reuniones entre “Don Berna” y Mancuso, figura a nombre de Agromedellín S.A.S., cuya transacción superó los 700 millones de pesos, mientras que en Montería, Puerto Hongo fue decomisada en 2021 y es reclamada por Inversiones Vega Lacharme, de un ganadero local. En Boyacá, Villa Inés en Puerto Boyacá es disputada por la esposa de Henry de Jesús Pérez, líder de un bloque paramilitar que llegó a tener hasta 7.000 hombres, quien sostiene que la compra fue legal y ajena a actividades criminales.
Raíces en el narcotráfico y las AUC
Estos predios tienen un pasado oscuro, conectado a la caída del Cartel de Medellín, la muerte de Pablo Escobar y la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia durante su auge. Las transacciones irregulares, reclamos familiares y demandas de sociedades han complicado la entrega a las víctimas, pero las decisiones judiciales han retenido los bienes en manos estatales por la falta de pruebas sobre su adquisición lícita. El informe de El Espectador publica detalles inéditos de estos expedientes pendientes, subrayando cómo los tribunales impiden devoluciones que podrían frustrar la reparación integral ordenada por la Justicia y la Paz.
Esta situación pone en evidencia los desafíos persistentes para destinar estos vastos territorios a programas de reparación, asegurando que las víctimas del conflicto reciban lo que les corresponde por ley, mientras las cortes continúan vigilando para evitar que los frutos del crimen regresen a circuitos privados. Fuentes como Colprensa, AFP, EFE e Indepaz han documentado imágenes de estos predios y sus antiguos dueños, reforzando la dimensión histórica del caso.
