El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN decretó un paro armado indefinido en el municipio de Bajo Baudó, en el departamento de Chocó, que ha aislado a 25 comunidades ubicadas en las riberas del río, la cuenca del río Docampadó y sus afluentes en el suroriente, generando una grave crisis humanitaria. Esta medida, la primera de su tipo en 2026, detiene por completo el transporte fluvial y restringe severamente la movilidad, dejando sin acceso a alimentos ni atención médica a más de 1.400 familias, según la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo.
Las restricciones cierran los corredores fluviales esenciales para la región, afectando tanto comunidades rurales como el casco urbano municipal. De las 25 comunidades impactadas, 16 son afrocolombianas con 530 familias que equivalen a 1.933 personas, mientras que 9 son indígenas con 886 familias, sumando 4.114 individuos en total, todos confinados sin posibilidades de abastecimiento básico, interrupción de clases y atención médica, e incluso limitación de misiones humanitarias.
Crisis en una región marcada por el conflicto armado
Bajo Baudó, históricamente golpeada por el conflicto armado, enfrenta ahora un confinamiento que agrava las vulnerabilidades de sus pueblos étnicos. La Defensoría del Pueblo exige al ELN levantar inmediatamente el paro armado y llama a las autoridades nacionales y locales a adoptar medidas coordinadas para garantizar la protección de la población civil, recordando las obligaciones de los actores armados bajo el derecho internacional humanitario.
«las amenazas, intimidaciones o medidas que generen terror en la población civil, así como las restricciones generalizadas que afecten su acceso a bienes indispensables para la supervivencia, contravienen los principios y obligaciones establecidos»
Defensoría del Pueblo
«Los derechos y la protección de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer en todo momento»
Defensoría del Pueblo
Esta situación pone en evidencia la urgencia de acciones rápidas para restablecer la movilidad y el acceso a servicios vitales, en un territorio donde el paro armado no solo paraliza la vida cotidiana, sino que amenaza la supervivencia misma de comunidades enteras dependientes del río como vía principal de conexión y sustento.
