La Defensoría del Pueblo de Colombia ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de una mesa bilateral con Estados Unidos para salvaguardar los derechos de los deportados colombianos, ante el alarmante incremento de expulsiones y las crecientes denuncias de vulneraciones. Esta petición surge en respuesta a los 431 connacionales retornados entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026, compuestos por 207 mujeres, 201 hombres y 23 niños, niñas y adolescentes, así como los 94 vuelos de deportación registrados en 2025, durante los cuales la Defensoría acompañó a 5.121 personas.
La propuesta busca fortalecer la protección consular, el seguimiento de los vuelos de deportación, la identificación de grupos vulnerables y la articulación interinstitucional, con énfasis en el acompañamiento durante los retornos, la documentación de denuncias y la emisión de recomendaciones específicas. Los centros de detención implicados se ubican en San Diego, California; El Paso y Houston, Texas; y Alexandria, Virginia, donde se han reportado persistentes irregularidades en los procesos de detención y traslado.
Grupos vulnerables y denuncias documentadas
Los afectados se dividen principalmente en dos grupos: migrantes recién llegados, detenidos entre siete y 15 días tras cruzar la frontera con México, y residentes en Estados Unidos por más de un año, recluidos por motivos administrativos o judiciales durante más de 10 meses. Entre las vulneraciones denunciadas por la Defensoría y la Cancillería destacan maltratos, violencias de género, abusos sexuales, tratos xenófobos y separaciones familiares, como la deportación de adultos sin sus hijos que quedan bajo custodia de servicios de protección infantil o con familiares en territorio estadounidense, lo que contraviene el principio de unidad familiar y el interés superior del niño.
Para abordar esta situación, la Defensoría recomienda reforzar la presencia consular, ofrecer orientación jurídica integral, lanzar campañas preventivas sobre los riesgos de la migración irregular, exigir informes médicos previos a las deportaciones y promover un diálogo bilateral que garantice retornos dignos. Estas medidas buscan mitigar el impacto del incremento reciente de expulsiones y responder a la persistencia de estas graves denuncias en los centros de detención y durante los traslados.
