El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) separó de su cargo al coordinador de la licitación de vigilancia en su Regional Sucre, ordenó una revisión interna del proceso y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos que superan los 190.000 millones de pesos. Esta medida responde a denuncias sobre pliegos de condiciones con exigencias que limitan la concurrencia en licitaciones de vigilancia privada en varias regionales, incluyendo Sucre, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Cundinamarca. El comunicado oficial se emitió este jueves 19 de marzo, bajo los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva, según el Sena.
Las cifras de los contratos cuestionados revelan montos significativos: en la Regional Sucre suman 48.019 millones de pesos, en Risaralda 41.174 millones, en Cundinamarca 38.860 millones y en Meta 33.305 millones. La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos Sánchez, radicó quejas ante los organismos de control contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general Katerine Grimaldos Cárdenas y otros funcionarios, denunciando pliegos sastre con requisitos desproporcionados como la necesidad de un oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o Policía, título en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos, acreditación como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 15 años de experiencia directiva, permisos de espectro radioeléctrico, licencias en seguridad y salud en el trabajo, y certificación como poligrafista o auditor antisoborno. En varios procesos, esto resultó en un único proponente.
Denuncias y respuesta institucional
Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, documentó señalamientos específicos frente al Sena Risaralda, Sena Meta y Sena Valle del Cauca, donde existirían exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o terminaron siendo único proponente. Las denuncias se ampliaron horas antes del comunicado del Sena, que activó mecanismos de verificación para defender el interés público y garantizar la ejecución de recursos públicos, incluyendo una evaluación integral del proceso contractual. Hasta el momento, los organismos de control no se han pronunciado.
“bajo los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva”
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), comunicado oficial
“Se documentan los señalamientos frente al SENA Risaralda, SENA Meta y SENA Valle del Cauca, donde existirían exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o terminaron siendo único proponente”
Pablo Bustos Sánchez, presidente Red de Veedurías de Colombia
Este caso evidencia un patrón replicado en otras entidades públicas, según las denuncias, lo que pone en tela de juicio la competencia en la contratación de servicios de seguridad privada y resalta la importancia de la vigilancia ciudadana en el manejo de recursos públicos.
