Por Juan Manuel Galán
Aunque sean dos fenómenos distintos que suelen interrelacionarse, la historia del paramilitarismo y el narcotráfico son una sola cuando se pone el foco en su incursión en política. A los líderes de las bandas no les importa la ideología, el color del partido, el origen del movimiento político o las opiniones del candidato. Si se trata de cooptar el poder estatal, estos detalles resultan indiferentes, pues los acuerdos se imponen con chantajes, ríos de sangre y montañas de dinero.
Los actores criminales tienen herramientas para proteger sus intereses, mantener el crecimiento de sus negocios y garantizar el cumplimiento de sus acuerdos ilegales, más allá del plan de gobierno de los candidatos que ofrecen sus funciones públicas a cambio de apoyo delictivo. Es por este motivo que, si los criminales disfrazados de mandatarios llegan al poder, hacen todo lo que esté a su alcance para encubrir y mantener los efectos de los actos de corrupción que ejecutan por intermedio de testaferros, familiares y aliados de confianza.
Nada le impidió a Alberto Santofimio Botero que recibiera dinero del cartel de Cali y de Medellín, ni que fuera coautor del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Luego de vender el alma al diablo, no hay límites morales que impidan el exceso de violencia e intriga de esta clase de personajes de la vida nacional que hacen todo por satisfacer su narcisismo.
El resultado de estas conductas delictivas es evidente para quienes habitan los territorios, ya que la violencia se recrudece y recuerda las peores épocas de la historia colombiana. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la violencia de los grupos armados ilegales pone en riesgo las elecciones del próximo 29 de octubre en más de 1000 municipios del país. Igualmente, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para advertir que los homicidios, masacres, amenazas, extorsiones y combates han puesto en peligro extremo los comicios en al menos 113 municipios y ciudades.
La grave situación de seguridad es producto de la falta de control de ingresos y gastos de las campañas en curso. No hay acceso libre para que la ciudadanía pueda consultar el aplicativo de cuentas claras, en la que semanalmente debe registrarse esta información. Incluso hay candidatos que sostienen que hasta ahora no han podido inscribirse a la plataforma. De otra parte, las comisiones para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, previstas en el Decreto 2821 de 2013 del Ministerio del Interior, no han ejercido sus funciones de asegurar y garantizar el desarrollo de esta contienda electoral a través de estrategias efectivas, quedando menos de un mes para pasar de las preocupaciones a la ejecución de acciones para garantizar la indemnidad de los comicios.
