Congresistas del Centro Democrático, el senador electo Óscar Villamizar y el representante a la Cámara por Santander electo Jonathan Pineda, interpusieron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 2057 de 2025 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) el pasado 30 de diciembre. Esta resolución autoriza incrementos en los avalúos catastrales en más de 520 municipios de Colombia, y la demanda fue radicada directamente ante el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, solicitando además la suspensión provisional de sus efectos.
Los demandantes argumentan que la medida carece de una base técnica transparente, no contó con debate legislativo ni consulta con los municipios afectados, lo que vulnera principios constitucionales como la certeza y la equidad tributaria. En algunos casos, los incrementos en los avalúos superan el 2.500.000 por ciento, impactando directamente la base gravable para impuestos predial, de renta, patrimonio y ganancia ocasional, aunque el avalúo final depende de las tarifas establecidas por los concejos municipales.
Críticas al gobierno por una reforma tributaria disfrazada
La resolución del Igac busca regularizar los avalúos catastrales para actualizar la información catastral del país, pero los congresistas del Centro Democrático la consideran una maniobra del gobierno para gravar de manera desproporcionada a los propietarios, tanto rurales como urbanos. Villamizar y Pineda anunciaron además un proyecto de ley que presentarán ante la legislatura a partir del 20 de julio, con el fin de contrarrestar estos efectos y proteger la propiedad privada.
«está poniendo en riesgo la propiedad privada, tanto en el sector rural como en el urbano»
Óscar Villamizar, senador electo del Centro Democrático
«este gobierno quiso expropiar a los campesinos trabajadores de este país. Con aumentos desbordados, que en algunos casos superan el 2.500.000%»
Óscar Villamizar, senador electo del Centro Democrático
«una reforma tributaria disfrazada, hecha a espaldas de los colombianos y sin considerar la realidad económica de quienes viven del campo»
Jonathan Pineda, representante a la Cámara por Santander electo del Centro Democrático
Por su parte, el Igac ha respondido que el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado (IPU), ya que el monto final del impuesto depende de límites legales y de las tarifas definidas por los concejos municipales. Esta controversia pone en el centro del debate la actualización catastral y sus implicaciones económicas en medio de un contexto de tensiones tributarias en el país.
