Petro pide a Fiscal General informes sobre irregularidades en software electoral de 2014

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado a la fiscal general Luz Adriana Camargo informes detallados sobre las investigaciones relacionadas con posibles fallas en el software electoral utilizado en las elecciones de 2014, un caso que fue investigado y sancionado en 2018 por el Consejo de Estado en el conocido como caso Mira. Esta petición, contenida en un documento de 12 páginas obtenido por el periódico El Tiempo, busca esclarecer el avance de los procesos judiciales, la responsabilidad de los contratistas involucrados y las medidas de transparencia que se implementarán para las futuras votaciones, en particular ante las vulnerabilidades detectadas que podrían vincularse a los comicios de 2022 y al proceso presidencial programado para el 31 de mayo de 2026.

La solicitud del mandatario se centra en verificar si la Fiscalía General de la Nación recibió copias del fallo del Consejo de Estado emitido en 2018 y qué acciones concretas se han tomado contra los responsables de las irregularidades en el software electoral de 2014, que también afectó elecciones en 2018 y 2020. Petro exige explicaciones exhaustivas sobre los riesgos identificados y las estrategias de prevención para garantizar procesos electorales transparentes en el país.

Antecedentes y exigencias para la transparencia electoral

El contexto de esta petición radica en el fallo del Consejo de Estado sobre el caso Mira, que reveló fallas graves en el sistema de votación de 2014 y derivó en sanciones en 2018. El presidente insta a la Fiscalía a detallar su respuesta posterior a ese pronunciamiento judicial, incluyendo cualquier medida adoptada contra los contratistas y las lecciones aprendidas para evitar repeticiones en elecciones venideras, como las regionales pasadas y la presidencial de 2026.

Esta iniciativa presidencial subraya la importancia de fortalecer la confianza en el sistema electoral colombiano, demandando no solo informes sobre investigaciones pendientes, sino también protocolos robustos de transparencia que mitiguen riesgos futuros y aseguren la integridad de la democracia en el territorio nacional.

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