La Corte Suprema de Justicia de Colombia archivó este viernes 20 de marzo de 2026 el proceso penal que Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de la Juventud y delegada del presidente Gustavo Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del César, había iniciado contra la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, por presuntos delitos de calumnia, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. La decisión se tomó tras examinar la denuncia relacionada con la autenticidad de los títulos de Guerrero y el manejo de datos personales, en un fallo revelado por el equipo de prensa de Pedraza esa mañana.
La resolución, de 51 páginas, determinó que los datos expuestos por Pedraza —como nombres completos, número de identificación, formación académica, experiencia laboral y otros requisitos para cargos estatales— son de público conocimiento en plataformas como el Sistema de Información y Gestión de Empleos Públicos (SIGEP) de la Presidencia de la República, y no requieren autorización del titular ni orden judicial. La denuncia había sido presentada en agosto de 2025, con una audiencia de conciliación en noviembre del mismo año a la que Guerrero no asistió, al igual que en dos audiencias de imputación por fraude procesal y falsedad en documento público junto al exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José.
Control político y datos públicos
El caso surgió del control político ejercido por Pedraza sobre la Fundación San José, donde se denunciaron irregularidades en los títulos de Guerrero y un presunto cartel de títulos falsos que involucra a 769 funcionarios públicos, incluyendo vínculos con la empresa Blu Hartman y la universidad de papel ICAFT. La Corte consideró legítimas las consultas a registros Saber Pro en la web del Icfes y a hojas de vida en SIGEP, alineadas con los principios de publicidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
“los datos de Juliana Guerrero que fueron expuestos por la representante a la Cámara por Bogotá en el marco de su investigación, incluyendo sus nombres y apellidos completos, número de identificación, formación académica, experiencia laboral y profesional, y otros requisitos para cumplir con el perfil requerido para ocupar un cargo estatal, no tiene carácter reservado, al contrario, es de público conocimiento y, por ende, no requiere autorización del titular u orden judicial o administrativa para su acceso”
Corte Suprema de Justicia
“en la página de la Presidencia de la República o en la plataforma del Sistema de Información y Gestión de Empleos Públicos (SIGEP) el cual tiene como objetivo permitir que la ciudadanía tenga conocimiento de los perfiles y pueda realizar comentarios u observaciones sobre los aspirantes. Por tanto, es claro que en el asunto que convoca la atención, no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales”
Corte Suprema de Justicia
Esta determinación despeja el camino para continuar la investigación sobre la legalidad de los títulos de Guerrero y la responsabilidad de los directivos de la Fundación San José, al tiempo que establece un precedente clave sobre el uso de datos públicos en el control político. Jennifer Pedraza celebró el fallo como “un claro ejemplo de cómo se pretendía usar a la justicia para perseguir el control político, tratando de silenciar a quienes denuncian”, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión estatal.
