La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Meta Platforms Inc., la empresa detrás de Facebook, implementar acciones inmediatas para restringir la difusión de mensajes estigmatizantes o que inciten a la violencia contra mujeres y niños en la plataforma, además de eliminar todas las publicaciones y reproducciones realizadas por un hombre denunciado por violencia intrafamiliar. Esta resolución confirma una orden de arresto de 35 días contra el individuo por incumplir en ocho oportunidades las medidas de protección impuestas por una comisaría de familia en favor de su expareja y sus dos hijas menores de edad, y niega cualquier tutela a su libertad de expresión al considerar que sus mensajes justificaban y normalizaban la violencia contra las mujeres, incluso haciendo referencias a feminicidios.
Los contenidos publicados por el hombre, quien ya había sido condenado por violencia psicológica, constituían amenazas veladas con un impacto directo en las víctimas y personas cercanas, reforzando estereotipos peyorativos y discriminación que no están protegidos por la libertad de expresión, según reiteró la Corte. La magistrada Patricia Guzmán destacó la importancia de esta decisión al afirmar que reafirma la protección efectiva de mujeres, niñas y niños también en internet, donde el Estado no puede ser indiferente a expresiones que refuercen la violencia o la discriminación.
Medidas de moderación obligatorias para Facebook
Específicamente, la Corte instruyó a Meta Platforms retirar el contenido objeto del caso, suprimir sus reproducciones y activar mecanismos de moderación para impedir que mensajes estigmatizantes o incitadores de violencia contra mujeres sean visibilizados en sus servicios. Guzmán explicó que esta sanción de arresto se generó precisamente por las publicaciones en Facebook que normalizaban la violencia de género y aludían al feminicidio, lo que llevó a adoptar medidas adicionales de protección.
«Con esta decisión, la Corte reafirma una vez más que la protección de las mujeres, las niñas y los niños debe ser efectiva también en Internet y que el Estado no puede ser indiferente a expresiones que refuercen esa violencia ni la discriminación. Todo esto por cuanto, en el caso examinado, se confirmó la orden de arresto que se le impuso al accionante debido al incumplimiento que generó esa sanción».
Patricia Guzmán, magistrada de la Corte Suprema de Justicia
«Se ordenó a Meta, empresa administradora de Facebook, que retirara el contenido objeto del caso y además que suprimiera las reproducciones en la plataforma, así como activar medidas de moderación a fin de impedir que mensajes con contenidos estigmatizantes o incitadores de violencia contra las mujeres sean visibilizados a través de sus servicios».
Patricia Guzmán, magistrada de la Corte Suprema de Justicia
Consejo de Estado prohíbe publicidad ajena en redes oficiales
En un fallo paralelo, el Consejo de Estado emitió dos sentencias que prohíben a entidades estatales utilizar redes sociales como X, Instagram y Facebook, así como canales oficiales, para promocionar o publicitar contenidos ajenos a sus funciones legales, respondiendo a demandas contra el Ministerio de Educación Nacional, liderado por el ministro Daniel Rojas Medellín, y la Superintendencia de Notariado y Registro. La sentencia contra la Superintendencia, del 5 de marzo de 2026, aborda opiniones emitidas sobre irregularidades en Nueva EPS, con hashtags como #SeRobaronLaSalud y convocatorias a movilizaciones, mientras que la del Ministerio critica el uso de #TrumpSeEquivocódePaís para promover mensajes sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.
Estas decisiones consideran que tales acciones representan una desviación de funciones, gasto injustificado de recursos públicos y falta de correspondencia con el interés general, sentando un precedente para el Gobierno Nacional y reforzando el Estatuto Anticorrupción. Se ordenó específicamente al ministro de Educación abstenerse de cualquier publicidad oficial fuera de la finalidad institucional, subrayando la responsabilidad de las plataformas digitales en la reducción de violencia de género y discurso de odio, alineada con los compromisos constitucionales e internacionales de Colombia.
