En un nuevo operativo en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación allanó la tarde del 20 de marzo la residencia del exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, ubicada en Montería, por orden de la Corte Suprema de Justicia. La medida se enmarca en las investigaciones por un presunto soborno de 1.000 millones de pesos, entregados en octubre de 2023, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, quien relató la entrega de una maleta con billetes y chats que probarían el encuentro.
El dinero habría sido destinado a la gestión de aprobación de proyectos y al apoyo a reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, involucrando el desvío de recursos públicos de la Ungrd, con una parte de esos fondos dirigidos a campañas electorales de familiares de Calle. El exrepresentante, quien también fue presidente de la Cámara de Representantes, enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, aunque él niega haber recibido el dinero o tener relación con contratos irregulares. La orden de captura contra él está programada para mayo de 2025.
El contexto del megaescándalo en la Ungrd
Esta acción se produce tras las detenciones de congresistas como Wadith Manzur y la funcionaria administrativa Karen Manrique, quienes están implicados en un esquema mayor de sobornos a congresistas con recursos públicos de la entidad. Manzur, excongresista, habría facilitado contratos de la Ungrd a empresas cercanas, mientras que Manrique manipuló expedientes y autorizó pagos irregulares. Ambos enfrentan cargos por concierto para delinquir, cohecho propio y peculado por apropiación, en una red que ha sacudido al Congreso y al Gobierno nacional.
La investigación gana nuevo impulso con este allanamiento, que profundiza en las irregularidades detectadas en la Ungrd y podría derivar en más capturas, revelando la magnitud de la corrupción en la asignación de fondos para desastres y emergencias en Colombia.
