En la Amazonía colombiana, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han beneficiado a 2.573 familias con compensaciones anuales que oscilan entre 600.000 y 1.200.000 pesos por hectárea protegida, demostrando su eficacia para combatir la deforestación aunque resultan insuficientes, según un informe del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en colaboración con el programa Visión Amazonía y ONU Redd+. Este reporte, publicado en la Nota Macro de febrero de 2026, destaca los avances en la conservación de ecosistemas frente a un repunte de la deforestación en 2024 seguido de una caída en 2025.
Las compensaciones se entregan de manera directa y anual por hectárea protegida, con acuerdos de hasta tres años, financiados por cooperación internacional y el mecanismo Redd+, que paga entre 10 y 12 dólares por tonelada de CO2 evitada en contratos de hasta diez años. Entre 2019 y 2021, se ejecutó el 63% de los recursos asignados. Estas iniciativas buscan contener la deforestación impulsada por incentivos como la minería de oro y los cultivos ilegales, promoviendo entre campesinos e indígenas actividades como la agroforestería, el cultivo de cacao o el turismo.
Obstáculos y propuestas para una mayor efectividad
A pesar de los logros, el informe expone vulnerabilidades persistentes en la Amazonía colombiana, donde la dependencia de fondos externos y obstáculos como la informalidad en la tenencia de la tierra, la falta de coordinación institucional, desafíos en la consulta previa, problemas de transparencia y cuestionamientos a la legitimidad de Redd+ por conflictos y demoras limitan la sostenibilidad. La Universidad de los Andes, junto con entidades nacionales, supervisa estos procesos y recomienda medidas como la formalización de la tenencia de la tierra, la interoperabilidad de registros públicos, mayor transparencia en las consultas, e instrumentos financieros como créditos verdes y seguros climáticos.
«Los Pagos por Servicios Ambientales han demostrado ser eficaces para superarlo, pero Colombia no los ha desarrollado de forma efectiva por barreras institucionales, legales, financieras y sociales que mantienen incentivos a la deforestación superiores a los de conservación. Una combinación de instrumentos de «comando y control», formalización de la propiedad rural, financiamiento verde y gobernanza participativa, liderada desde los territorios y apoyada por la cooperación internacional, permitiría transformar el marco de incentivos de forma adecuada».
Informe de la Universidad de los Andes
Para garantizar la continuidad de estos esfuerzos, se hace urgente generar fondos propios y acceder a mercados de carbono, transformando el panorama de incentivos y fortaleciendo la gobernanza participativa desde los territorios, con el respaldo de la cooperación internacional.
