El paro armado indefinido decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 17 de marzo en el Bajo Baudó, departamento de Chocó, ha agravado de manera alarmante la explotación sexual infantil de niñas indígenas y afrodescendientes a manos del ELN y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Grupos armados como estos han intensificado raptos desde comunidades remotas, extorsiones a familias y ventas de niñas en las principales carreteras que conectan Medellín, Pereira y Quibdó, pasando por puntos como Pueblo Rico, Guarato y Yuto. Esta situación, documentada en el informe del Cinep-Programa por la Paz publicado en junio de 2025 y en la alerta de la Defensoría del Pueblo del 5 de diciembre de ese año, se ve potenciada por el control territorial, la paralización de la movilidad y la economía local, así como por la ausencia de instituciones estatales en zonas como Bajo Baudó, Quibdó y Unguía.
El impacto del paro armado afectó directamente a 16 comunidades afrocolombianas con 1.933 personas y a nueve indígenas con 4.114 integrantes, sumando más de 6.000 personas en total. Las víctimas, en su mayoría niñas de entre 10 y 12 años, son raptadas de sus resguardos, trasladadas fuera de sus territorios y vendidas al mejor postor por sums entre uno y cinco millones de pesos por su virginidad, en un contexto de reclutamiento forzado y trata de personas. La pobreza monetaria en Quibdó alcanzó el 59,6% en 2024 según el Dane, posicionando a esta ciudad en el primer lugar de pobreza extrema entre 23 urbes del país, por encima de Bogotá, Medellín y Cali, lo que facilita la manipulación económica de las familias por parte del Clan del Golfo.
El horror bajo control de un comandante
El informe de 64 páginas del Cinep, titulado «EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo», revela cómo un comandante llegó a tener bajo su dominio entre 60 y 65 niñas provenientes de diversas veredas y corregimientos, a las que confinaba en un verdadero condominio de casas equipadas con motos, vigilándolas estrictamente y prohibiéndoles salir del territorio. Las Fuerzas Militares han documentado estos abusos a través de la revista Semana, mientras la Defensoría del Pueblo alerta sobre graves vulneraciones a los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Las consecuencias incluyen infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes, abortos forzados, mendicidad forzada en ciudades distantes y una revictimización sistemática de las niñas expulsadas a urbes para continuar su explotación.
«Hubo un comandante que llegó a tener 60 o 65 niñas de todas las veredas y corregimientos. Las veía cada seis meses. Empezó a hacer casas, como un condominio. Las niñas las metía ahí. A todas les colocaba casa y moto. Esas niñas eran vigiladas, no podían salir del territorio. Si querían estudiar, igual se tenían que quedar allá, porque eran propiedad de él.»
Lideresa comunitaria de Unguía, citada en el informe del Cinep-Programa por la Paz
Además, los grupos armados han extendido sus amenazas a parteras y personal médico, imponiendo pruebas rápidas obligatorias de infecciones de transmisión sexual y forzando a las niñas a mendigar en otras ciudades o a ser enviadas a centros urbanos para mayor revictimización. Esta crisis humanitaria, agravada por la ausencia institucional, exige una respuesta inmediata de las autoridades para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó y desmantelar las redes de explotación que prosperan en el vacío de poder.
