La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá iniciará un proceso de contacto con más de 190.000 contribuyentes morosos, entre ellos 183.741 personas naturales y 7.132 personas jurídicas, para que regularicen deudas tributarias que suman 219.000 millones de pesos y así eviten procesos de cobro coactivo que podrían derivar en embargos de cuentas bancarias, salarios o bienes. Esta iniciativa, liderada por Luis Fernando Granados, busca reducir la cartera pendiente acumulada desde 2004 hasta 2025, con énfasis en impuestos como el de vehículos, que registra 89.000 millones adeudados, el predial con 79.000 millones y el ICA por 35.000 millones.
Las notificaciones llegarán a los deudores mediante comunicaciones físicas, electrónicas y otros medios, todas equipadas con códigos QR para verificar su autenticidad y proteger contra posibles fraudes, ya que ninguna requerirá pagos a cuentas personales ni aplicaciones externas. Estas deudas abarcan no solo predial, vehículos e ICA, sino también ReteICA, delineación urbana, azar, espectáculos e información exógena, con el objetivo de reforzar el recaudo distrital que sostiene programas sociales e infraestructura en la capital.
Opciones de pago y consecuencias del incumplimiento
Los contribuyentes podrán optar por el pago total o facilidades de pago para ponerse al día, pero el incumplimiento activará medidas estrictas como embargos sobre cuentas, salarios o bienes. Esta campaña representa un esfuerzo clave para sanear las finanzas distritales y garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales en Bogotá.
«Desde Hacienda Bogotá invitamos a los contribuyentes con deudas de vigencias anteriores con la ciudad a ponerse al día en sus obligaciones y evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos de cuentas o bienes.»
Luis Fernando Granados, Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
Las autoridades enfatizan la importancia de atender estos requerimientos oportunamente, recordando que las notificaciones oficiales no solicitan datos sensibles ni pagos inmediatos fuera de los canales institucionales, promoviendo así una regularización voluntaria que beneficie tanto a la ciudad como a los obligados tributarios.
