La representante a la Cámara Karen Manrique fue trasladada desde la cárcel del Buen Pastor a la guarnición militar del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, para cumplir una medida restrictiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Este traslado, solicitado por su defensa y aprobado judicialmente tras su captura, responde a amenazas de seguridad que pusieron en riesgo su integridad, en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte Suprema indaga a Manrique y al congresista Wadith Manzur por su supuesta implicación en cohecho impropio, relacionado con dádivas ofrecidas por funcionarios de la UNGRD a cambio de votos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público durante el segundo semestre de 2023, entre septiembre y diciembre. Inicialmente recluida en Bogotá, Manrique ahora permanece bajo custodia militar en el Atlántico, mientras la pesquisa revela irregularidades en la asignación de recursos y contratos de la UNGRD en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar.
Pruebas y roles en la trama de corrupción
Las evidencias recopiladas por la Corte incluyen registros de encuentros, comunicaciones interceptadas y testimonios de exfuncionarios, que señalan a Manzur como el líder en las interlocuciones con representantes del Ministerio de Hacienda y la UNGRD, mientras Manrique habría supervisado la ejecución de los acuerdos alcanzados. La defensa de la representante araucana insiste en su inocencia y destaca su colaboración plena con la justicia, en un momento en que su reelección para una curul de paz por Arauca pone en jaque su posesión prevista para el 20 de julio.
“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”
Corte Suprema de Justicia, comunicado oficial
Este caso expone las grietas en la gestión de recursos públicos destinados a la prevención de desastres, con implicaciones que podrían extenderse a más figuras políticas y funcionarios, mientras Manrique enfrenta un futuro incierto que amenaza su continuidad en el Congreso.
