La Fiscalía General de la Nación investiga como doble homicidio la muerte de Jaime Eduardo Rey Albornoz, exobispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y su esposa María Claudia Quintero de Rey, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el 3 de enero de 2026 en el conjunto residencial Andalucía de Chía, al norte de Bogotá. Los cadáveres fueron levantados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y las autoridades exploran un posible vínculo con los antecedentes judiciales de Rey Albornoz por lavado de activos, un expediente que se remonta a 2003.
Los hechos se enmarcan en un contexto de una red de lavado de activos que superó los 35 millones de dólares, utilizando fachadas de empresas de seguros e inversiones como Caja S.A., Ynals y Mutual B para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. En noviembre de 2003, Rey Albornoz fue capturado en una operación internacional que incluyó 24 allanamientos, donde se decomisaron más de 130.000 dólares en efectivo, 4.800 euros y pólizas supuestas por hasta 5 millones de dólares. En el lugar de los hechos recientes se encontraron una pistola Walther y un revólver calibre 38 con municiones, mientras que actualmente se tramita un edicto de extinción de dominio sobre bienes como apartamentos en Chapinero Alto y Niza, una residencia en la calle 86 con carrera 14 en el Chicó, acciones en cinco empresas y vehículos de marcas Toyota, Mitsubishi, Peugeot y Mazda.
Antecedentes y evolución de la investigación
La hipótesis inicial apuntaba a un homicidio seguido de suicidio, pero la pesquisa ha evolucionado hacia la calificación de doble asesinato. El caso saltó a la opinión pública tres meses después del hallazgo, tras la obtención del expediente de Medicina Legal por parte del periódico El Tiempo, reavivando el interés por los pasados vínculos de Rey Albornoz con esa estructura criminal.
«No fue por un homicidio, por favor, averigüen bien. Nos han hecho mucho daño los medios con sus publicaciones»
Familiar de las víctimas
La familia de las víctimas rechaza de plano la hipótesis de homicidio y niega cualquier conexión entre el lavado de activos y las muertes, solicitando cautela en las publicaciones mediáticas. Hasta el momento, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha guardado silencio sobre el caso, mientras el proceso de extinción de dominio sobre los bienes continúa su curso judicial.
