Un informe de inteligencia oficial, revelado por el periódico El Tiempo, alerta sobre el auge de la minería ilegal de oro en Colombia, que según proyecciones generará ingresos de hasta 8.414 millones de dólares en 2025, superando por primera vez los del narcotráfico. Esta actividad, controlada por grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, ha devastado más de 94.000 hectáreas de territorio y contaminado al menos 1.120 ríos, incluyendo importantes afluentes como el Amazonas, el Mira, el Atrato, el Cauca y el Putumayo. La extracción ilícita se extiende por 20 departamentos, con mayor impacto en Antioquia, el sur de Bolívar, Córdoba, Chocó, Amazonas y Putumayo, así como en zonas como Caldas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Guainía, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
Los grupos armados ilegales dominan estos territorios con débil presencia estatal mediante modalidades de extracción a cielo abierto, socavones y dragado de ríos, utilizando mercurio que agrava la contaminación. El alto precio internacional del oro, que alcanza los 162 dólares por gramo, junto a la débil institucionalidad y redes de contrabando, impulsan este fenómeno, donde el 85 por ciento de la producción nacional de oro es ilegal. En regiones clave como Antioquia, el sur de Bolívar y Córdoba, las ganancias mensuales ascienden a 47 millones de dólares, con el Clan del Golfo captando alrededor de 33 millones y el ELN junto al Estado Mayor Central aproximadamente siete millones cada uno.
Cifras de incautaciones revelan resultados desiguales en la lucha contra la minería ilegal
En el primer trimestre de 2026, las autoridades reportaron una caída en las capturas de personas involucradas, pasando de 290 a 231, lo que representa una reducción del 20 por ciento respecto al mismo período de 2025. Similarmente, la incautación de combustible disminuyó de 74.966 a 54.320 galones, un 28 por ciento menos. Sin embargo, se observaron avances en otros rubros, como el decomiso de dragas que aumentó de 110 a 206, un 87 por ciento más; maquinaria amarilla de 47 a 111 unidades; motores, bombas y plantas de 542 a 820; drones de cero a 11; socavones intervenidos de 151 a 707; y bocaminas de 45 a 14.
Esta revelación impulsa una mayor atención al fenómeno, que no solo amenaza la seguridad nacional por el control territorial de los grupos armados, sino también la biodiversidad, la salud de las poblaciones ribereñas y las economías locales. Las medidas oficiales muestran resultados desiguales, con incrementos en decomisos de maquinaria pero retrocesos en capturas y combustible, según el informe de inteligencia oficial revelado por El Tiempo, con créditos a la Gobernación del Tolima, Ivan Valencia/AP, prensa FAC y la Policía Nacional de Colombia.
