La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, reasignó la investigación en contra de la periodista Lina Marcela Castillo Nisperuza, acusada de injuria y calumnia por haber denunciado acoso sexual y laboral contra Hollman Morris, actual gerente de Rtvc, a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se tomó con un enfoque de perspectiva de género, tras la revisión del expediente judicial en Bogotá, donde inicialmente se manejaba el caso en la Fiscalía Seccional. La denuncia original de Castillo data de enero de 2019, cuando Morris era concejal de Bogotá, y derivó en una acusación formal en su contra en marzo de 2023, con el rechazo a la preclusión el pasado 18 de marzo de 2024.
La reasignación responde a cuestionamientos sociales y la presión ejercida por organizaciones de mujeres periodistas, que enviaron una carta solicitando una revisión integral del caso para considerar las denuncias originales de acoso y evitar la revictimización de la denunciante. En este contexto, la Corte Constitucional ha reconocido el escrache como una forma legítima de expresión, mientras que la Fiscalía anunció la apertura de investigaciones por casos de acoso en Caracol Televisión y RCN Televisión. Además, se habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir más reportes de este tipo.
Detalles de la denuncia y reacciones
Castillo relató en su denuncia pública de 2019 episodios específicos de acoso por parte de Morris, quien inicialmente enfocó la respuesta legal en acusarla de injuria y calumnia, alegando que se trataba de una campaña de desprestigio en su contra. La fiscal general Luz Adriana Camargo defendió la medida como coherente con la aplicación del enfoque de género, buscando un análisis más amplio que priorice las voces de las víctimas.
“Además de las típicas frases por ir en falda (…) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”
Lina Marcela Castillo Nisperuza
“coherente con la aplicación del enfoque de género”
Luz Adriana Camargo, fiscal general
En paralelo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recordó la obligatoriedad del Convenio 190 de la OIT para garantizar entornos laborales libres de violencia y acoso, anunciando que intensificará las inspecciones en empresas periodísticas del país. Esta reasignación marca un paso hacia la protección de denunciantes en casos de violencia de género en el ámbito mediático, en medio de un creciente escrutinio sobre prácticas en el sector.
