El presidente Gustavo Petro respondió este fin de semana a las críticas del Consejo Gremial Nacional sobre el impuesto al patrimonio establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, comparándolo directamente con medidas similares implementadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. La réplica surgió tras las alertas de Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial, quien advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de esta carga tributaria para las personas jurídicas, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el sector empresarial.
El mandatario defendió la medida a través de su cuenta en la red social X, argumentando que el impuesto actual es mucho menor en comparación con el de épocas anteriores y afecta solo a una ínfima minoría de las grandísimas empresas rurales y urbanas, las más grandes de todas. Esta norma fue expedida en el marco de la emergencia económica declarada por la intensa temporada invernal que azotó el Caribe colombiano, lo que generó la necesidad de recursos adicionales para enfrentar la crisis.
Petro compara con gobiernos anteriores para respaldar su posición
En su publicación, el jefe de Estado enfatizó las diferencias en el alcance y la magnitud del gravamen, recordando que durante los mandatos de Uribe y Santos el impuesto al patrimonio era hasta cinco veces superior al actual y se aplicaba a todas las empresas, sin que esto provocara quiebras masivas en el sector privado. Esta respuesta directa busca contrarrestar las preocupaciones expresadas por Gutiérrez Jaramillo, quien alertó sobre impactos negativos en la economía de las compañías afectadas.
«Y porque no quebraron las empresas en la época de Uribe y Santos si era cuando el impuesto al patrimonio era hasta cinco veces superior y cobijaba a todas las empresas y no a una ínfima minoría de grandísimas empresas rurales y urbanas, que es lo que hemos hecho nosotros. Las más grandes de todas».
Gustavo Petro, presidente de la República
La controversia alrededor del Decreto Legislativo 173 de 2026 continúa en desarrollo, con el Gobierno Nacional reafirmando su compromiso con medidas excepcionales para mitigar desastres naturales, mientras el empresariado insiste en evaluar los riesgos fiscales a largo plazo. Este intercambio pone de manifiesto las diferencias entre el Ejecutivo y los gremios en medio de la coyuntura económica actual.
