En un movimiento contundente que sacude el sector energético colombiano, más de 20 representantes a la Cámara de Representantes, liderados por Juan Espinal del Centro Democrático, firmaron y consignaron este martes 24 de marzo una proposición exigiendo la salida inmediata de Ricardo Roa Barragán de la presidencia de Ecopetrol. Esta iniciativa se suma a la protesta iniciada por la Unión Sindical Obrera (USO), en un contexto de crecientes cuestionamientos a la gestión del directivo desde la Cámara de Representantes en Bogotá.
La proposición detalla graves señalamientos en contra de Roa Barragán, quien acumula cinco investigaciones disciplinarias, una imputación penal por tráfico de influencias y sanciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral por excesos en la financiación de la campaña presidencial de 2022, que superaron los 5.300 millones de pesos según fallo del 27 de noviembre de 2025. Además, se destaca la abrupta caída de las utilidades netas de Ecopetrol en un 73 por ciento, pasando de 33,4 billones de pesos en 2022 a solo 9 billones en 2025, junto con la adquisición de un inmueble por cerca de 1.000 millones de pesos y la degradación de las calificaciones crediticias por parte de agencias internacionales: Moody’s rebajó de Baa3 a Ba1 en mayo de 2024, Fitch Ratings cambió a perspectiva negativa en marzo de 2025 y S&P Global Ratings bajó de BB+ a BB en junio de 2025.
Imputaciones y contexto de la crisis
El detonante reciente fue la imputación de la Fiscalía el 11 de marzo de 2026 por presunto tráfico de influencias en el contrato de regasificación del proyecto Chuchupa-Ballena LNG de la filial Hocol, que habría beneficiado al contratista Juan Guillermo Mancera. Esta representa la primera imputación formal relacionada con ese contrato y la compra del inmueble en cuestión. Roa Barragán, quien fungió como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro entre 2022 y 2026, ha insistido en su inocencia, atribuyendo las acusaciones a estrategias de desprestigio político, aunque la lista completa de firmantes de la proposición aún se encuentra en desarrollo.
Los congresistas argumentan que estos escándalos no solo generan daños reputacionales a Ecopetrol, sino que afectan directamente las transferencias estatales destinadas a salud, infraestructura y educación. Exigen a la Junta Directiva de la petrolera que proceda a la remoción del presidente si no presenta su renuncia voluntaria, invocando los estatutos internos y principios de buen gobierno corporativo.
