El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la dirección del magistrado Luis Manuel Lasso, continuó este 24 de marzo el análisis de una acción popular impulsada por el abogado Ramiro Bejarano, que cuestiona los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral. En la audiencia, celebrada en Bogotá, se evaluaron los límites a la libertad de expresión del mandatario, quien afirmó un 100 por ciento de riesgo de fraude, en un debate que involucró argumentos de la defensa de Petro, a cargo del abogado Alejandro Carranza, y referencias al registrador nacional Hernán Penagos, así como a la Procuraduría General de la Nación.
Durante la sesión, el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ignacio Javier Álvarez, presentó su exposición como experto citado, advirtiendo sobre los riesgos de violencia derivados de tales declaraciones presidenciales. Álvarez enfatizó la responsabilidad de los altos funcionarios en el manejo de información, especialmente en redes sociales, y comparó el caso con episodios en Estados Unidos y Brasil, donde afirmaciones similares generaron tensiones.
Advertencia sobre riesgos de violencia y confianza electoral
El contexto de esta acción popular surge de los cuestionamientos previos del presidente Petro a la transparencia del sistema electoral, incluyendo señalamientos directos al registrador Hernán Penagos, una manifestación el 19 de febrero en la Plaza de Bolívar de Bogotá y un derecho de petición dirigido a la Fiscalía sobre compulsa de copias de las elecciones legislativas de 2014. La continuación de la audiencia con la intervención del experto internacional resalta el debate sobre los estándares interamericanos de libertad de expresión aplicados a funcionarios públicos, reconociendo que no existe una prohibición general para que los mandatarios opinen sobre fallos judiciales, pero subrayando el rol amplificador de las redes sociales en la difusión de expresiones basadas en hechos manipulados.
“Quienes ejercen cargos de alto nivel deben actuar con un grado de diligencia superior al de los ciudadanos”
Ignacio Javier Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
“Que un Presidente en ejercicio anuncie de antemano que habrá fraude en unas elecciones mina la confianza del electorado en el proceso mismo. Son declaraciones delicadas que incluso podrían generar violencia. Ejemplos recientes se pueden ver en lo ocurrido en Estados Unidos o Brasil. En nuestra región también hay casos específicos en los que afirmaciones de esa naturaleza pueden derivar en episodios de violencia inmediata”
Ignacio Javier Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
“Expresiones basadas en hechos manipulados, difundidas a través de redes sociales, pueden tener consecuencias inmediatas y gravísimas, dependiendo del caso. Las redes permiten llegar a millones de personas en segundos, sin los mecanismos de verificación que suelen aplicar los medios de comunicación. Además, los altos funcionarios cuentan con una alta credibilidad”
Ignacio Javier Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado medidas cautelares para que el presidente Petro se abstenga de realizar declaraciones que duden de la transparencia electoral, con el fin de evitar afectaciones al sistema y proteger la confianza ciudadana en los procesos democráticos. Este caso pone en el centro la tensión entre la libertad de expresión y la estabilidad institucional en Colombia.
