La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha sido obligada por el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, a cargo de la jueza Ana Isabel Ariza Giraldo, a rectificar públicamente y ofrecer disculpas por sus declaraciones en las que calificó a la Unión Patriótica como el brazo político de las Farc, atribuyendo su exterminio a las mismas guerrillas y al ELN, en detrimento de la versión reconocida por el Estado colombiano. Estas afirmaciones, realizadas el 29 de octubre de 2025 durante una entrevista en La Silla Vacía, fueron impugnadas mediante una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que argumentaron la vulneración de los derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas judicialmente reconocidas.
El fallo judicial, emitido recientemente en Bogotá, concede a la senadora un plazo de cinco días para cumplir con la orden, que exige una rectificación con el mismo alcance y canales de difusión que la declaración original, aclarando la ausencia de sustento probatorio en sus expresiones. Cabal había defendido sus palabras como interpretaciones políticas dentro de un debate público, pero la jueza concluye que no se trata de opiniones protegidas por la libertad de expresión, sino de imputaciones de hechos lesivos para la memoria histórica de las víctimas de la Unión Patriótica, partido político surgido en los años ochenta y reconocido por el Estado como víctima de un exterminio sistemático.
Las declaraciones que desataron la controversia
En la entrevista, la senadora Cabal sostuvo con vehemencia su posición, asegurando que la Unión Patriótica avalaba los crímenes de las Farc, como secuestros, desapariciones y reclutamiento, y que las primeras muertes de sus miembros fueron causadas por las mismas Farc y el ELN, negando la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio político. Esta narrativa choca frontalmente con el reconocimiento judicial del exterminio de la UP, lo que motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo y las entidades demandantes para proteger la dignidad de las víctimas.
«La Unión Patriótica fue el brazo político de las Farc. Al ser el brazo político, estaba avalando los crímenes de las Farc, los secuestros, las desapariciones y el reclutamiento. (…) Los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el ELN (…). Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc. El ELN ha sido de los peores asesinos de la Unión Patriótica.»
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
La jueza Ariza Giraldo enfatizó en su decisión la responsabilidad de los servidores públicos, recordando que deben orientar sus intervenciones hacia la defensa de derechos fundamentales, evitando conceptos sin verificación que afecten la percepción social de comunidades vulnerables.
«Los servidores públicos deben orientar sus intervenciones a la defensa de los derechos fundamentales, evitando difundir conceptos sin sustento verificable, particularmente cuando pueden influir en la percepción social de comunidades vulnerables.»
Ana Isabel Ariza Giraldo, jueza del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá
Este fallo no solo obliga a Cabal a informar al juzgado sobre el cumplimiento de la rectificación, sino que busca reparar el daño causado a la memoria histórica de las víctimas de la Unión Patriótica, reafirmando el compromiso judicial con la protección de narrativas validadas por la Justicia Transicional y marcando un precedente en el escrutinio de declaraciones políticas que tocan heridas abiertas del conflicto armado colombiano.
