La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó en primera instancia al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, a 279 meses y 8 días de prisión, además de una multa de 19.402,48 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir agravado. La sentencia, dictada el 25 de marzo de 2026 en Bogotá, es apelable ante una segunda instancia y surge de investigaciones que revelan cómo el congresista utilizó su cargo para intervenir en trámites administrativos a través de redes de influencia en una red de corrupción que direccionó al menos 13 contratos por más de 24.000 millones de pesos en regiones como Quindío, Tolima y Santander.
La decisión judicial impone también inhabilidad e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, manteniendo por ahora la investidura del senador vigente hasta que se resuelva la apelación. Ramírez Cortés, cuya defensa está a cargo del abogado Pedro Nel Escorcia, planea una estrategia para sostener su cargo hasta el fin de su periodo legislativo, en medio de la incertidumbre sobre su permanencia en la curul del Senado.
Raíces en el escándalo Marionetas 2.0
El caso tiene su origen en el escándalo conocido como ‘Marionetas 2.0’, una red de corrupción liderada por el exsenador Mario Alberto Castaño, quien falleció en 2023. En diciembre de ese mismo año, se libró orden de captura contra Ramírez Cortés, aplicándose la figura de ‘silla vacía’ durante el proceso, hasta que recuperó su libertad en mayo de 2025. La red operaba cobrando un ‘peaje del 10%’ en contratos públicos, con implicados como el exsenador Juan Carlos Martínez, y se valió del poder político para manipular licitaciones en los mencionados departamentos.
“Imponer a Ciro Alejandro Ramírez Cortés las penas principales de doscientos setenta y nueve (279) meses ocho (8) días de prisión… y multa de diecinueve mil cuatrocientos dos punto cuarenta y ocho s.m.l.m.v.”
Corte Suprema de Justicia
“se valió de su cargo como senador de la República”
Corte Suprema de Justicia
Esta condena en primera instancia representa un golpe significativo al uribismo en el Congreso, al tiempo que subraya los esfuerzos judiciales por desmantelar redes clientelistas en la contratación estatal. La apelación podría extender el proceso, dejando en suspenso el futuro político de Ramírez Cortés y el impacto en la dinámica legislativa del país.
